Ayer durante su comparecencia ante la fiscal Diana Salazar, quien investiga el presunto delito de  lavado de activos en el caso Odebrecht, el exgerente de Petroecuador, Marco C., se deslindó de responsabilidad en los hechos de corrupción que se investigan.

Según sus abogados, Pablo Encalada y Nicolás Salas, Marco C. fue convocado a rendir versión libre, voluntaria y sin juramento porque durante las investigaciones fue mencionado por el exjefe de transportes de Petroecuador, Ramiro C., quien habría señalado que el exgerente de la petrolera le dio un poder para que firme el contrato Poliducto Pascuales-Cuenca, con la compañía Odebrecht.

“De hecho el ingeniero Ramiro C. firma el contrato de Pascuales-Cuenca con Odebrecht, por delegación del ingeniero Marco C., pero eso es porque el directorio así lo decidió, que todo el proceso precontractual y contractual sea por la gerencia de transporte, por lo que el ingeniero Marco C. no tuvo ninguna participación en ese contrato”, dijo el abogado Encalada.

En tanto que Nicolás Salas tras insistir en que el directorio de Petroecuador fue el que decidió quien debía firmar el contrato, precisó que el poder especial que emitió su defendido a favor de Ramiro C. no fue una decisión personal o capricho de la persona.

Aclaró que este es el único motivo de la convocatoria al exgerente de la estatal petrolera a la fiscalía, y ha comparecido como testigo para aportar con algún elemento a la investigación, y no como procesado.

La diligencia de ayer que se desarrolló en el séptimo piso de la unidad de flagrancias, en el norte de Quito, tuvo el carácter de reservada y no se permitió el acceso a la prensa. Inclusive se conoció que por seguridad y para evitar a los medios de comunicación, Marco C. llegó a la unidad en las primeras horas de la mañana, fue ingresado por la cochera y salió de la misma manera hasta la cárcel 4, donde se encuentra recluido por estar procesado en el caso Petroecuador.

Ayer también estuvieron convocados para que rindan su versión libre el empresario Daniel Borja y el funcionario Marcelo Zabala.

Mientras que para hoy, Diana Salazar, quien además es coordinadora de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía, convocó a Irma Ácaro, Édgar Bustamante y Jan Tópic, y para mañana a los exministros de Sectores Estratégicos y de Hidrocarburos, Rafael Poveda y Pedro Merizalde, y el lunes al exsecretario jurídico de la presidencia de la República, Alexis Mera.

Perito justifica su error

Simultáneamente, mientras Marco C. rendía su versión, los abogados de José Luis F., el policía perito que se encuentra detenido porque en el caso Odebrecht habría entregado datos erróneos, información inexacta y nombres cambiados, justificaban el error y defendían la inocencia de su cliente.

El abogado Luis Aníbal Valladares reveló en rueda de prensa que su defendido fue notificado el 21 de junio para que realice el peritaje de un audio de alrededor de 40 minutos y le dieron solamente un día para que cumpliera la tarea.

Explicó que lo normal y técnico era que por cada 10 minutos de grabación se le otorgase un día y además no le proporcionaron las facilidades requeridas, por lo que “incluso tuvo que él mismo, con su dinero, comprar los audífonos”.

Paola Montoya, la otra abogada del Policía, aseguró que su cliente tuvo una asignación bajo presión y, además, a sabiendas de que José Luis F. es especialista y técnico en peritaje de videos (el año anterior recibió distinciones de la propia fiscalía), en esta ocasión se le asignó un audio, hecho al que no pudo negarse.

La profesional consideró que en el peor de los casos se podría acusar a su defendido de una responsabilidad administrativa, pero de ninguna manera de cambiar, ocultar o tergiversar información.

Tras denunciar que al perito lo trasladarán al centro de rehabilitación social de Latacunga, lo cual es ilegal porque aún no es sentenciado, los abogados indicaron que en los próximos días decidirán las acciones legales que emprenderán.

La tarde del martes, la jueza Geovanna Palacios dictó prisión preventiva en contra del perito que actuó en el caso Odebrecht, quien fue el encargado de transcribir uno de los audios entregados por la petrolera. Según la fiscal del caso, Claudia Romero, el funcionario habría cambiado un nombre por otro en este fragmento. (I)

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Fiscal cumple con COIP al llamar a declarar a Glas

“...Cualquier persona que, a criterio del o la fiscal deba cooperar para el esclarecimiento de la verdad tendrá que comparecer ante la Fiscalía para la práctica del acto procesal respectivo. En caso de incumplimiento, el fiscal podrá solicitar la comparecencia con el uso de la fuerza pública”, señala el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el capítulo atribuciones del fiscal.

Este articulado avala la decisión de la fiscal Diana Salazar al convocar al vicepresidente de la República, Jorge Glas, a comparecer el 9 de agosto, dentro del caso de corrupción Odebrecht. “No solamente ha sido llamado el Vicepresidente sino también otros funcionarios que fueron mencionados en el proceso de investigación”.

Glas, quien tiene fuero de corte, ha manifestado que acudirá las veces que sea convocado porque cooperará con la justicia. Él descarta que tenga vinculación con el caso Odebrecht. La Fiscalía investiga los sobornos ejecutados por la firma brasileña para obtener contratos en Ecuador.

En junio se desclasificaron documentos que revelarían los nombres que figuran en la lista de las personas vinculadas con los supuestos sobornos. Ese mismo mes el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, anunció que algunos de los involucrados en el caso gozan de fuero de corte. (I)