Evaluar también los sistemas y modelos de gestión en la Función Judicial
Uno de los desafíos necesarios para la Función Judicial (FJ) radica en consolidar los instrumentos de evaluación de sus sistemas y modelos de gestión, con miras a complementar la evaluación a las y los servidores judiciales.
Es importante la perspectiva de que a partir de los contenidos del Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019 existan algunas herramientas de evaluación, sin embargo, es menester plantear otras que amplíen aquellos mecanismos previstos y que aborden otros aspectos para contar con una radiografía más completa.
Por ejemplo, es pertinente evaluar lo que han significado las acciones implementadas por el Consejo de la Judicatura Transitorio en el período posterior a la Consulta Popular de mayo de 2011; si bien existe un informe de rendición de cuentas, es pertinente plantear algunos instrumentos en visión prospectiva, que incluso tenga otras referencias como las auditorías desarrolladas por la Contraloría General del Estado, así como la definición de indicadores cuantitativos y cualitativos en torno a los sistemas y modelos de gestión, más una dimensión incluyente y comparativa con las acciones implementadas por la actual administración del Consejo de la Judicatura. Otro aspecto importante podría ser la revisión de qué cambios fueron implementados a partir del informe de la Veeduría Internacional sobre ese período y cuáles estarían pendientes.
Convendría también establecer algunos elementos de evaluación sobre los dispositivos de coordinación y articulación existentes, tanto al interior de la Función Jurisdiccional como en su relación con otras entidades del Estado, no solamente en términos de políticas públicas en materia de justicia, sino también en cuanto a la gestión procesal, competencias, ámbitos de intervención y mecanismos de cooperación con entes como la Contraloría General del Estado.
Uno de los giros para el cambio de la justicia radica en repensar y discutir las políticas públicas que modifiquen los modelos y sistemas de gestión de la Función Judicial, lo cual no se agota únicamente en nuevos cuerpos legales, sino en los programas y proyectos complementarios a estos que puedan suscitar otros andamiajes y dinámicas para el quehacer judicial.
Podríamos impulsar varios enfoques para ejecutar algunos tipos de evaluaciones, pero uno clave está en definir indicadores que respondan a los derechos relativos a la justicia, como el acceso a estos, revisar plazos de resolución, los presupuestos de los sistemas judiciales, los niveles de tecnologización de estos, entre otros.
Los insumos que puedan generar este tipo de evaluaciones también constituyen aportes relevantes para emprender futuras reformas legales a la institucionalidad judicial y sus procedimientos.
Finalmente, hay un elemento fundamental que debe ser evaluado y corresponde al desarrollo organizacional de la FJ; este tiene que ver con consultar a las y los servidores judiciales sobre las condiciones en que desempeñan su trabajo en términos de estabilidad laboral, cumplimiento de los componentes de la carrera judicial, existencia de climas positivos o negativos a la hora de cumplir su trabajo, condiciones de seguridad o desprotección frente a sus responsabilidades, entornos favorables o desfavorables, políticas de motivación laboral, ámbitos de recreación y cohesión social, entre otros; que ofrecerían diversas fotografías de cómo se sienten esos (as) servidores para cumplir mejor su trabajo y qué tipo de proyectos se requieren en la actualidad para el efecto.
Hacen falta varios tipos de evaluaciones en la Función Judicial que puedan contribuir con innovar las políticas y entender los desafíos multidimensionales que hacen falta sin el ánimo de sancionar, sino de buscar otros horizontes de sentido para el acompañamiento y fortalecimiento de la administración jurisdiccional.
