El estadounidense Paul C., quien reclamó la propiedad de la mitad de Facebook pero que afronta juicio en Estados Unidos por presunto fraude, baraja la posibilidad de pedir asilo en Ecuador, donde está detenido desde el jueves 23 de agosto.

Paul C. y su familia sopesan "un asilo en el Estado ecuatoriano", un país que "le gusta mucho", y en el que considera que "existe mucho respeto por los derechos humanos", dijo este miércoles a la agencia Efe su abogado, Roberto Calderón.

Precisamente por ello -subrayó- decidió viajar a Ecuador cuando "temía por su vida" en Estados Unidos.

El estadounidense, de 45 años y diseñador de páginas webs, escapó en 2015 de un juicio por presunto fraude y extorsión al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, a quien exigió la mitad de la empresa por haber colaborado supuestamente en su desarrollo.

Según Calderón, permanecer en Ecuador "sería la mejor opción" para su defendido, quien está en un centro de privación de libertad provisional en el norte de Quito, donde "está muy agradecido" por "el trato bastante humano" que recibe de parte de los funcionarios de prisiones.

En declaraciones a Efe Marie, esposa de Paul C., se mostró "preocupada" por la situación pero confirmó que en el centro de detención "son amables con él".

El detenido, que a decir de su abogado está "hace más de un año en Ecuador", se encuentra en situación migratoria irregular y para poder solicitar el asilo deberá antes solucionar esa condición.

El estadounidense llegó al país andino con su esposa y dos de sus hijos (actualmente de 14 y 15 años), y en Ecuador tuvo hace seis meses a un tercero, Orión, lo que podría ayudar a solucionar su condición legal.

"El Estado ecuatoriano consideraría que es importante que pueda regularizar su situación en Ecuador a fin de que el núcleo familiar no se vea afectado", matizó el letrado.

Calderón está a la espera de que se resuelva la apelación a la prisión preventiva y el "habeas corpus" que ha presentado porque no se dieron conforme a la ley, que contempla que "ninguna persona puede permanecer detenida más de 24 horas sin pronunciamiento de la autoridad".

Paul C., que según su abogado trabajaba desde Ecuador en asesorías y desarrollo de páginas web para empresas internacionales, fue arrestado el jueves 23 de agosto por la mañana en la provincia de Santa Elena (suroeste), y la primera audiencia que tuvo fue el sábado pasado, en Quito.

Calderón asegura por tanto que el arresto "empieza con una violación de la Constitución y la Ley, y torna la prisión en abusiva, inconstitucional e ilegal".

Cuestionó también que aún no hayan sido notificados sobre quién será el juez competente para la audiencia de "habeas corpus" "por lo que existiría un retardo en la administración de justicia que, de continuar, podría incluso (arrastrar) acciones internacionales contra el Estado ecuatoriano por denegación de justicia".

No obstante, él y su cliente prefieren pensar que el Estado "es muy respetuoso de los derechos humanos" y que se trata sólo de "ciertas interrupciones de carácter técnico administrativo".

Preguntada por Efe, Marie C. declinó revelar la forma en que ingresaron en Ecuador, país al que llegaron en busca de protección.

Aseguró que no tiene miedo de estar en Ecuador ahora que se ha hecho público su caso, pero sí en Estados Unidos, a donde regresará toda la familia en caso de que Paul C. sea extraditado.

De prosperar las acciones legales en EE.UU., el diseñador de páginas web podría afrontar penas de unos cuarenta años de prisión, según su mujer.

Paul C. fue detenido en 2012 por supuesto intento de fraude millonario, pero consiguió deshacerse del grillete electrónico que le habían colocado y fugarse del país, donde está acusado de fraude postal y electrónico.

"Pese a que su reclamación es bastante importante, porque hablamos de más del 50 por ciento de las acciones de la compañía Facebook, su temor por su vida fue mucho más grande que la reclamación económica", manifestó Calderón sobre su fuga.

Entre Ecuador y Estados Unidos existen dos antiguos tratados de extradición, uno del siglo XIX, y otro de principios del siglo XX; pero, según el abogado, ninguno contempla los delitos que se le atribuyen a su cliente, dado que se trata de tecnologías que no existían en ese momento. (I)