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‘Esperancita’ reabre debate médico-legal sobre el aborto

‘Esperancita’ reabre debate médico-legal sobre el aborto
19 de julio de 2013 - 00:00

Una mujer dominicana se querelló contra un hospital por la muerte de su hija, una adolescente embarazada y paciente de leucemia aguda, cuyo caso revivió el polémico tema del aborto, prohibido constitucionalmente en ese país aun en casos en que la madre corra peligro.

La menor, de 16 años e identificada solo como ‘Esperancita’, murió el 17 de agosto de 2012 en el Centro de Salud del Seguro de los Maestros (Semma) debido, según denuncias, al retraso "injustificado" de los médicos en aplicar el tratamiento para la leucemia que le diagnosticaron cuando tenía 7 semanas de embarazo.

El Código Penal  dominicano  prohibe toda acción que atente contra la vida desde la concepción mismaElla ingresó al hospital el 2 de julio de 2012. Entonces la adolescente necesitaba con urgencia someterse a quimioterapia por su enfermedad, lo que afectaría severamente el feto, situación que puso a los médicos ante en el dilema de comenzar o no el tratamiento.

Durante semanas, el personal médico se limitó a mantener en observación a Esperancita negándole tratamiento médico e ignorando la urgencia de la enfermedad, asegura su madre, Rosa Hernández, hasta que en la madrugada del 17 de agosto  murió  en la sala de urgencias, "en medio de una hemorragia masiva".

Según la documentación, ese mismo día Hernández solicitó que se realizara una autopsia para conocer las causas de la muerte de la menor, pero los médicos “se negaron mientras que enfáticamente le decían que su proceder no correspondía al de una buena madre dominicana".

La querella forma parte de un conjunto de acciones que ha emprendido Rosa Hernández para exigir "que se determine cuáles fueron las actuaciones en el caso de su hija y que se haga justicia", informaron las organizaciones Colectiva Mujer y Salud y Womens Link Worldwide.

El equipo legal que acompaña a Hernández dijo confiar en que se admita la querella "para que finalmente se esclarezcan las malas actuaciones y se tomen las medidas necesarias para impartir justicia y asegurar que el derecho a la vida de mujeres y jóvenes no vuelva a ser vulnerado de esta manera".

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