Amelia se enamoró de Jerson cuando tenía 16 años. Los dos jóvenes vivían en el área rural de Manabí. A pocos meses de vivir juntos, viajaron a Quito, donde rentaron un departamento  en el Centro Histórico.

Todo cambió cuando Jerson empezó a llevar hombres a su casa y obligaba a Amelia a tener contacto sexual con ellos. No denunció a su pareja, pero escapó del lugar donde vivía.

Ahora tiene 25 años y reconoce que en su adolescencia fue víctima de explotación sexual. “Un mal  hombre me engañó y me trajo a Quito prometiéndome amor, viví en estas condiciones más de cinco años, hasta que escapé”. 

Dentro del delito de trata de personas se encuentra la explotación sexual.

Según la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), en el primer semestre de 2017, en Ecuador, el 64% de víctimas de esta actividad ilícita fueron niñas de entre 12 y 17 años.

Dentro de la trata de personas se contemplan como delitos la explotación laboral y sexual, mendicidad, adopciones ilegales de niñas y adolescentes, matrimonio o unión servil, tráfico de órganos y reclutamiento forzoso.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente en el país desde agosto de 2014, establece en el artículo 91 una pena de 13 a 16 años para el delito de la trata de personas.

Pero según las circunstancias y daños provocados, puede alcanzar una sanción de hasta 22 años.

El Ministerio del Interior, entre 2017 y en los primeros tres meses de 2018 rescató a 29 posibles víctimas de trata de personas en el país. Además efectuó 34 operativos y detuvo a 68 presuntos implicados en este delito.

Diagnóstico
El Gobierno Nacional trabaja en políticas públicas integrales en torno a este flagelo social como es la asistencia a víctimas, la investigación y prevención, indicó Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Interna del Ministerio del Interior.

“La trata es un delito complejo, pues sus causas están relacionadas con problemas estructurales, por esa razón es importante contar con un diagnóstico situacional que  genere políticas de prevención y sanción de este problema”, dijo Tipán.

Y la cartera de Estado ya cuenta desde la semana pasada con el diagnóstico situacional sobre la trata de personas, levantado en Pichincha, Guayas y Manabí.

El diagnóstico manifiesta que la trata de personas es un delito que afecta a la población sin distinción de edad o sexo; entre sus propósitos se encuentra el trabajo forzoso y la explotación sexual.

En este sentido, el Ecuador ha demostrado avances en cuanto a la prevención, protección, investigación–sanción y coordinación interinstitucional y ha logrado importantes resultados.

Damien Thriaux, jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entregó el diagnóstico a Tipán. “Trabajamos 24 años en Ecuador, brindamos apoyo al Gobierno y a la sociedad civil para erradicar el delito de la trata de personas”.

El estudio se efectuó en 24 cantones de las tres provincias con mayor incidencia del delito. La investigación se centró entre 2011 y 2016.

Según el documento, la mayor cantidad de denuncias sobre trata de personas se registró en las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta.

 De acuerdo con la Fiscalía, de 2011 a 2016 los jueces emitieron 54 sentencias en casos de trata de personas.

En Manabí se registraron 46 denuncias, en Guayas 99 y en Pichincha 214.

Conductas asociadas a la trata
El diagnóstico indica que en Guayas y Manabí hubo 124 denuncias de trata de personas. En Pichincha se reportaron 68 casos de explotación laboral y servidumbre.

Soledad Coloma, consultora de OIM, dijo que  grupos organizados cometen este delito, así como los individuos que tienen una relación afectiva con las víctimas de trata. 

“Las víctimas suelen ser adolescentes que viven en condiciones de pobreza, que no tienen educación y viven en un entorno de violencia intrafamiliar y de género”, explicó Coloma.

También el estudio señala que la trata interna se asocia con la desaparición de adolescente, jóvenes y mujeres.

Este grupo poblacional tiene mayor facilidad de traspasar las fronteras por la falta de alertas y controles, sostuvo la consultora.

La mayoría de víctimas  de trata con fines de explotación sexual proviene de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, Pichincha, Napo y Orellana, agregó.

Además identificó que colombianas, cubanas y haitianas son víctimas de explotación sexual por su condición irregular migratoria.

Verónica Zupligicha, coordinadora de proyectos de la Fundación Alas de Colibrí, destacó la importancia del seguimiento de las víctimas. Ponderó además la creación de oportunidades de trabajo y estudio. (I)