Reestructuración total, ese es el objetivo que persigue para la Función Judicial en el país el Consejo de la Judicatura (CJ). Inversiones millonarias en infraestructuras de primer nivel como los complejos judiciales de La Florida, La Valdivia o la nueva Corte de Justicia  en Guayaquil, así lo evidencian.

En las últimas semanas el CJ no solo ha inaugurado Unidades Judiciales en Guayaquil sino también en Cayambe, Guamote, Latacunga, entre otras ciudades. En total son 69 complejos los que se prevé construir hasta 2015. De momento hay 41 en funcionamiento. Con respecto a las unidades jurídicas, la meta es llegar a las 491.

El Ministerio del Interior pidió la destitución de una jueza en Manabí por prevaricatoPero el cambio no solo es en el orden de infraestructura. El presidente de la República, Rafael Correa, destacó la semana anterior durante la inauguración del complejo de La Valdivia, que la reestructuración es de fondo y de forma. “El sistema de justicia se revoluciona en la infraestructura y en los magistrados, ahora los jueces son más independientes que nunca”, destacó el Primer Mandatario.

En este orden, el Consejo de la Judicatura ha realizado una depuración de los jueces. En lo que va del año, el CJ ha destituido a 95 magistrados, esto debido a diversas quejas recibidas, tanto por funcionarios de gobierno como por reclamos de los usuarios contra los administradores de justicia.

En contraparte han sido nombrados 919 magistrados que aprobaron los respectivos concursos, según indicó días atrás Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura.

Destituciones

En Bahía de Caráquez, el mes pasado, Rosa Aveiga, jueza Séptima de lo Civil, Mercantil e Inquilinato, fue destituida por una denuncia presentada por una ciudadana ante presuntas irregularidades que habría cometido dentro de un juicio por un bien inmueble.

En marzo anterior fueron destituidos los Jueces de la Única Sala de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, Nicolás Augusto Zambrano y Leonardo Ordóñez Piña.

El CJ tomó la resolución debido a la intervención de los magistrados con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable dentro del proceso penal seguido por el delito de tenencia ilegal de drogas y armas.

En la provincia de El Oro, en mayo anterior fue cesado el juez Noveno de Garantías Penales, José Jiménez. El magistrado fue declarado responsable de disponer medidas sustitutivas en lugar de la medida cautelar, dentro de un juicio iniciado por tentativa de violación.

Querellas contra juezas

El Ministerio del Interior pidió, en Manabí, la destitución de Sheila Aguilar, jueza Décimo Primera de Garantías Penales de Manabí, por prevaricato.

El petitorio de la cartera de Estado se basa en que la administradora de justicia dejó en libertad a María Monserrate P.C., ecuatoriana y Enrique V.G., colombiano, quienes, supuestamente, se dedicaban reiterativamente a delitos de usura a gran escala. La jueza tomó dicha decisión pese a las pruebas contundentes presentadas por la Policía Nacional.

Otra de las juezas contra quien se  presentan quejas es Ivonne Boada, representante temporal de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, quien habría intentado mediar a favor del recapturado César Vernaza, prófugo desde febrero pasado de “La Roca” de Guayaquil.

José Serrano, ministro del Interior, detalló en abril pasado que la jueza habría contactado al juez Agapito Valdez para convencerlo de reducirle la pena de 25 años de prisión determinada para Vernaza.

Fiscales en la mira

Pero no solo son jueces los destituidos o sobre los cuales recaen querellas, también los fiscales están bajo la estricta vigilancia del CJ.

En el Oro, la agente Heidi León fue sancionada por una manifiesta negligencia dentro de la instrucción fiscal No. 51-2009 por delito de explotación sexual.

En julio pasado el ministro Serrano presentó ante el pleno del Consejo de la Judicatura la queja formal administrativa en contra del fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes de Guayaquil, Jackson Lima, por haber solicitado medidas cautelares en contra de 9 procesados.

El funcionario aseveró que las personas implicadas son integrantes de una banda que está relacionada con uno de los más buscados, aprehendido hace algunos meses en Guayaquil, alias “El Gordo Marcelo”.