El juez nacional Paúl Íñiguez dictó este martes auto de llamamiento a juicio a 9 procesados, 6 como presuntos autores y 3 como cómplices del delito de peculado en el denominado caso Cofiec.

La resolución del magistrado se dio a conocer en la audiencia que se reinstaló esta mañana en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a la que asistió el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga.

Durante la diligencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, la Fiscalía había acusado a 13 personas como autoras y a 6 como encubridoras de la entrega en 2011 de un préstamo irregular a favor del empresario argentino Gastón D.

Pero, en su resolución dada a conocer hoy, el juez llama a juicio como autores a: Pedro D., Francisco E., Antonio B., Gastón D., Marcelo O. y Pedro Z. Mientras que en calidad de cómplices fueron convocadas: Emna S., Rita J. y Zoila M. Otras 10 personas fueron sobreseídas al descartarse su participación en este delito.

El magistrado decidió también mantener la orden de prisión preventiva para 4 de los procesados, mientras para que los otros 5 las medidas sustitutivas de prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el juez competente.

"Vamos a esperar que se nos comunique por escrito para ver qué acciones tenemos", sostuvo el fiscal Galo Chiriboga tras conocer la decisión.

Añadió que una vez que sean notificados oficialmente de la resolución solicitará al presidente de la CNJ la extradición de Pedro D., expresidente del Directorio del Banco Central del Ecuador y exdirector del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos y con orden de detención. También de Gastón D., quien habría sido beneficiario del préstamo y al momento tiene medidas sustitutivas en Argentina y debe presentarse periódicamente ante un juez en ese país.

En 2011, el empresario argentino solicitó un crédito por $ 800.000 para adquirir una plataforma transaccional para celulares. Según versiones de exfuncionarios de la agencia, la solicitud se habría aprobado bajo algunas irregularidades, como la presión de Pedro D., para que el banco apruebe el préstamo.

La indagación fiscal también señaló que Francisco E. incluso amenazó con despidos si es que no se realizaban las transferencias. Por este motivo, Antonio B., presuntamente, firmó el acta de desembolso y sustituyó las firmas de las gerentes de crédito y de riesgos.

En cambio, Pedro Z., expresidente de Seguros Rocafuerte, habría simulado la entrega de garantías a nombre de Gastón D., para completar el trámite bancario.

En en agosto de 2012, el caso se conoció luego de que María Fernanda Luzuriaga, expresidenta ejecutiva de Cofiec, inició un proceso legal para cobrar el préstamo que cayó en mora.