El juez  18º de Garantías Penales -encargado- con sede en  Durán, Franklin Ortiz Ordóñez, dictó orden de prisión preventiva contra tres  de las cuatro personas  implicadas en el asalto y robo a la fiscal Isabel Álvarez Caicedo, registrado el jueves último, en el interior de su domicilio, ubicado en la urbanización Ciudad Celeste, en la vía a Samborondón.  

Los procesados que fueron privados de su libertad son  Juan Luis Aguirre Saldaña y Segundo Félix Castro Alvarado, guardias  de la compañía Ameripriv que custodia la ciudadela; y Piedad del Rocío Jurado Morán, de 43 años, quien trabajaba, desde hace un mes y medio, como empleada doméstica en  casa de la perjudicada.

En tanto que el juez dispuso el  arresto domiciliario de   Katherine Isabel Cruz Jurado, de 22 años e hija de la sirvienta también procesada,  pues tiene 5 meses de embarazo.

Ellos fueron detenidos ayer por la Policía y son acusados por el fiscal René Astudillo Orellana, quien investiga el caso,  de robo calificado al considerar que tuvieron participación en los hechos ocurridos en la casa de su colega de Durán.

No obstante, los agentes  buscan  a los tres individuos que irrumpieron en la casa de Álvarez con la intención de apoderarse de 40 mil dólares en efectivo y un lote de joyas valorado en unos 30 mil dólares.

Uno de ellos ha sido identificado como Jhon Marcelo Lavayen García, conviviente de Katherine Cruz Jurado y quien registra una detención con fecha 14 de octubre de 2002 por presunto  delito de robo.

Fue en el  allanamiento a la vivienda de la empleada doméstica, situado en el sector de El Buijo (km 9 de la vía a Samborondón) que los uniformados encontraron la foto de Lavayen, a quien la denunciante  reconoció plenamente como uno de los que participaron en el atraco, puesto que, según relató, fue quien la maniató.    

En el sitio los agentes  decomisaron, además,  una cartuchera calibre 16 de fabricación artesanal, 15 municiones y otras evidencias, entre las que destaca un teléfono celular y una carta escrita por Piedad del Rocío Jurado y dirigida a su supuesto compañero sentimental, en la que señala que “se le ha dificultado darle el dinero porque a su patrona (Álvarez) no le  ha llegado aún ese dinero desde Chile”.

Ante ello  la fiscal, en su versión de los hechos, señala que la empleada sabía de la existencia de ese dinero y que iba a ser enviado por su esposo desde el extranjero.

Álvarez manifestó, además, que conoció por  moradores del lugar que Katherine Cruz Jurado había sido acusada de robo en una casa en la que trabajó, por lo que se negó a darle empleo en la suya.

Sin embargo, su madre la subempleaba y según expresó la acusada, le pagaba de su propio sueldo, pues su hija  no tenía otro ingreso. 

Como dato relevante en el juicio, aseguró Astudillo, está el hecho de que los cuatro procesados se conocen y  residen en el mismo sector.

Inclusive, Lavayen trabajó por algún tiempo como albañil en dicha urbanización, por lo que se presume conocía la rutina en torno a la seguridad electrónica y en las garitas.

William Orellana, defensor público de los centinelas, agregó que minutos antes de suscitarse el delito los guardias habían dejado ingresar un taxi con varios ocupantes, pero con la expresa autorización de la familia Vargas, que reside en la villa 3 Mz 8 de esa urbanización.

“Esa era la única manera en que los guardias podían dejar ingresar a extraños. Además, si los videos de seguridad no funcionaban no es responsabilidad de los guardias ni de la empresa sino del administrador de ese conjunto habitacional”, dijo.

Otro detalle que resaltó Orellana es que los procesados ya habían terminado su turno, antes de que ocurriera el hecho, y esperaban ser relevados, sin embargo, el supervisor de la compañía de seguridad les dijo, sin indicar mayores detalles, que debían quedarse más tiempo en sus respectivos puestos.

Astudillo explicó que tiene 30 días para recopilar los suficientes elementos de juicio  contra los procesados, previo a emitir su dictamen en la debida audiencia preparatoria.

Anunció, además, que se realizarán las respectivas diligencias de ley -como reconocimiento del lugar,  reconstrucción de los hechos y recepción de versiones- dentro de la etapa de instrucción fiscal.

Los guardias fueron llevados en horas de la tarde de ayer a la Penitenciaría del Litoral, mientras que Piedad del Rocío Jurado fue conducida al Centro de Rehabilitación Social Femenino.