Cinco funcionarios de la Vicepresidencia de la República fueron separados de sus cargos tras una  denuncia de  la empresa Wotrace S.A. por el supuesto pago de una coima para evitar una sanción por incumplimiento de contrato.

Como evidencia, el secretario de Transparencia, Edwin Jarrín, informó que el denunciante entregó varios cheques destinados a ciertos funcionarios de la Vicepresidencia, pero la investigación  determinó que eran falsos, a excepción de uno por 60 mil dólares que sí fue cobrado por Luis Barreno, quien se desempeñaba como Analista Administrativo.

La empresa Wotrace S.A. proveía de colchones y sillas de ruedas a la Misión Manuela Espejo a favor de las personas con discapacidad, pero ya registraba multas anteriores por incumplimiento de  contrato y  en diciembre de 2011 la misma Vicepresidencia solicitó al Instituto de Compras Públicas (Incop) que dicha compañía ingrese a la lista de contratistas  incumplidos.

Sin embargo, el 18 de abril de este año Wotrace S.A. fue nuevamente contratada para la adquisición de 2.700 colchones antiescaras, marca norteamericana Starcushion, por 477.977 dólares, a favor de Luis Vivanco Castillo;  pero en el producto de muestra la etiqueta decía: “Made in China”, por lo que la Vicepresidencia  terminó unilateralmente el contrato.

Posteriormente Wotrace denunció ante el vicepresidente Lenin Moreno la supuesta coima a varios funcionarios para evitar la sanción contractual. A más del cheque cobrado por Barreno, la investigación de la Secretaría de Transparencia reveló una  transferencia adicional por 4.500 dólares de María Gabriela Carrera,  proveedora de la empresa.

Frente a ello, Moreno denunció ayer ante el fiscal general, Galo Chiriboga, las presuntas irregularidades en los procesos de contratación pública realizados en la Vicepresidencia y alertó sobre una posible tentativa de estafa.

Junto a Barreno fueron destituidos Azucena Castro, directora administrativa; Marilú Guerrero, subsecretaria administrativa financiera; Jhonny Cevallos, coordinador de planificación; y Armando Cazar, secretario general. 

Jarrín informó que también se investiga un desvío de 500 mil dólares en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y de otros casos similares en el Iniap y el Ecorae.