La ubicación de una de las 4 personas desaparecidas tras un operativo policial en una farmacia del norte de Guayaquil en 2003, ha generado incertidumbre entre las personas inmersas en la indagación previa que la Fiscalía lleva adelante por desaparición forzada, delito tipificado en el Código Integral Penal (COIP), y que contempla una sanción de 22 a 26 años de pena privativa de libertad.

La noticia de la llegada del ‘testigo protegido’ generó estrés en Dolores Guerra, esposa de Johnny Gómez Balda, uno de los desaparecidos en el caso ‘González y otros’. Su hijo recibe asistencia psicológica, dijo la mujer. Guerra insistió en que no conoce si el individuo hallado por la Fiscalía ecuatoriana en Venezuela es su esposo.

Sostiene que incluso su abogado, Juan Pablo Albán, desconoce si se trata de él. “Por ahora no daré más declaraciones y espero que me entiendan. Vamos a esperar la audiencia de formulación de cargos (del lunes 27 de junio) para dar declaraciones”, dijo la mujer, quien hasta hace 3 meses laboró como abogada en la Defensoría del Pueblo en Guayaquil.

La fiscal de Pichincha Silvia Juma indicó que este caso de desaparecidos  goza de fuero de Corte por los altos mandos policiales que estarían involucrados. Además, Juma -en una entrevista con Ecuadorinmediato.com- dijo que el encuentro familiar del ‘testigo protegido’ se realizará en lo posterior.

El abogado Luigi García sostuvo que el hallazgo del supuesto desaparecido echa al traste la teoría de la desaparición forzada y enmarcaría la actuación del individuo en el delito de fraude procesal.

García es el defensor legal del teniente coronel Eduardo G., exjefe del operativo que derivó en las desapariciones y quien fue llamado a juicio por el delito de ejecución extrajudicial por las 8 muertes ocurridas en la acción policial en esa farmacia del norte de Guayaquil. En un contacto telefónico con este diario, Eduardo G. expresó que el desaparecido debió llegar al país como detenido y no como ‘testigo protegido’, porque deliberadamente se ocultó 13 años para engañar a las autoridades. (I)