El sistema de la oralidad en las materias no penales se concretará y establecerá una vez que se apruebe el Código Orgánico General de Procesos (Cogep), con el cual se implementará una justicia más rápida en Ecuador, sostuvo el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.

El Cogep fue entregado por la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, que se encuentra elaborando el primer informe para, a finales de este mes, entregarlo al pleno de la Asamblea Nacional.

Jalkh observó que el sistema oral en las materias penales ha funcionado muy bien, pues ha permitido celeridad en los procesos. “La oralidad también se podría aplicar en las otras materias, porque representa el 60% de la carga procesal de la función judicial, por lo que esperamos en 2015 contar con un sistema renovado y ágil”, puntualizó el funcionario.

Además, se mostró optimista de que avancen los debates, según el cronograma de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. (LEA EL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO DE PROCESOS)

Más fiscales

La necesidad de contar con más fiscales en el país es independiente de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que se aplicará desde el próximo 10 de agosto.   

La convocatoria, lanzada el 25 de junio, sigue su proceso y culminará en diciembre, por lo que en enero del siguiente año se contará con 200 fiscales y 200 adicionales en formación, indicó el funcionario judicial.

14 jueces / 100 mil habitantes

“Estamos trabajando para tener el próximo año 14 jueces por cada 100.000 habitantes, paralelamente impulsamos el desarrollo de la mediación, la solución alternativa de conflictos, la justicia de paz y la implementación de la oralidad procesal”, manifestó Jalkh durante la reunión mantenida con los representes de las cortes supremas de justicia de varios países de la región.

También, se refirió al plan estratégico de la Función Judicial, desarrollado con las instituciones del sector justicia. Este trabajo coordinado se refleja en los resultados positivos de las unidades de flagrancia, donde atienden de manera coordinada la defensa pública, fiscalía, peritos, jueces y el Ministerio de Justicia.

Oralidad reducirá trámites

Un juez de Garantías Penales de Pichincha -que prefirió la reserva-, opinó que la implementación de la oralidad en materias no penales es una necesidad en la función judicial, para que las causas no se encuentren represadas. Dijo que: “Se busca reducir todos esos trámites escritos a diligencias orales, ya era hora que comience ese cambio”.

En lo que respecta al incremento de fiscales, expresó que es imprescindible para cuando entre en vigencia el COIP en agosto, puesto que la Función Judicial operará bajo el nuevo marco de una reparación integral al ciudadano, como protector de derechos.

Para el jurista Rogelio Valencia, la oralidad en materia procesal judicial se introduce constitucionalmente desde 1998, pero legal y judicialmente su aplicación inició en el área penal en el 2000, luego en los procesos en materia de Niñez y Adolescencia, para después ser utilizada en los juicios laborales, por lo que se perciben avances del sistema oral procesal en la tramitación de estos juicios. “Lo que avala su aplicación en el resto de causas judiciales, a fin de garantizar legalmente para las partes que intervienen el respeto al debido proceso y la aplicación de los principios procesales”, dijo el jurista.