Montevideo, Uruguay.- Un paquete de reformas con 16 medidas tendientes a combatir la inseguridad pública bajo la premisa “guerra a la pasta base”, a la que se culpa de buena parte de los delitos que se cometen, provoca revuelo en Uruguay.
 
El proyecto de ley busca dejar en manos del Estado la venta de marihuana como forma de “blanquear” el mercado de estupefacientes, quitándole un importante margen de ganancia a los narcotraficantes y “correr” hacia una droga más blanda a los adictos a la pasta base.

Para tales efectos, será el Estado el encargado de vender marihuana en locales habilitados, en los que se llevará un registro de consumidores para impedir conductas adictivas. “Esto no es como el cigarrillo. La venta no será libre, estará regulada por el Estado y será prohibida a menores de 18 años”, señalaron fuentes parlamentarias.

Además, la calidad de la droga será certificada por el Estado y se establecerá un máximo de cigarrillos por consumidor; aquellos que se excedan deberán someterse a tratamientos de rehabilitación.

El documento será discutido en el Parlamento en las próximas semanas, después de sufrir diversos cambios, informó el diputado del oficialista Frente Amplio (FA), Julio Bango, uno de sus impulsores.

El proyecto de ley autoriza al Estado a asumir “el control y la regulación de actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis o sus derivados”.

Bango también anunció que el nuevo informe presentará novedades respecto al borrador que se conocía anteriormente.

La venta de marihuana será regulada y estará prohibida para los menores de 18 añosPor ejemplo, se introducirá la posibilidad de sancionar a conductores que manejen bajo los efectos del cannabis, “al igual que lo que contempla la ley sobre conductores que se encuentren bajo el efecto del alcohol”, y se fijará la prohibición de “cualquier tipo de publicidad que incite al consumo de cannabis”. “Con esta ley no pretendemos promover el consumo de la droga, sino regularizarlo e incluso reducirlo”, agregó.

De acuerdo a cifras de la Junta Nacional de Drogas, el 20% de los uruguayos de edades entre los 15 y los 65 años consumió marihuana alguna vez en su vida y el 8,3% lo hizo en el último año.

Otra novedad es incluir en el pénsum escolar programas de educación que traten los problemas derivados del consumo de esta y otras drogas. “Hemos intentado escuchar opiniones y sugerencias que han mejorado el proyecto”, aseguró.

El jefe de Estado, José Mujica, anunció hace casi un año el proyecto de despenalización de la marihuana, pero lo frenó en diciembre y pidió a sus colaboradores que “eduquen a la gente” para intentar que la propuesta logre el apoyo popular del que ahora carece.

Según una encuesta divulgada este mes por la consultora Cifra, el 66% de los uruguayos está en contra del plan gubernamental.

Además, en una reciente entrevista, Mujica aclaró que se opone al consumo de marihuana y a la práctica del aborto, pero argumentó que prefiere legalizar ambas cosas para que no crezcan “en las sombras” y causen mayor daño a la población.

Como complemento, se destinarán  400 nuevos policías a la Jefatura capitalina, quienes serán distribuidos en un plazo de seis meses en las comisarías para controlar si con la legalización del consumo bajan los delitos en el país.

MARCHAS POR DESPENALIZAR EL AUTOCULTIVO

Miles de personas participaron el último sábado en la Marcha por la Marihuana, que se realizó en Santiago de Chile y otras catorce ciudades del país, que busca la despenalización del autocultivo de la marihuana.

Según sus organizadores, a la iniciativa en Santiago, que culminó con un acto artístico en la Plaza Almagro, a  cinco manzanas de la sede del Ejecutivo, llegaron unas 50.000 personas.

La marcha inició en la Plaza de los Héroes, a unos 350 metros de su destino final, con pancartas en las que se leía “No + Daños: Por una Nueva Política de Drogas”, y bailando al ritmo de varias bandas que participaron en la ocasión.

La manifestación busca poner en el debate presidencial la modificación del artículo 50 de la Ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes, que sanciona el consumo de drogas en lugares públicos, en privados concertados o a quienes porten algún tipo de sustancias ilegales.