El Ministerio del Interior elaboró un plan para iniciar la construcción de 5.893 viviendas fiscales en los próximos 4 años, para que los policías que hayan sido trasladados a otras ciudades puedan ir acompañados de sus familias y ocupar esos departamentos.

Esto implicaría la inversión de $ 346’767.585, lo cual incluye los costos de adquisición de terrenos, diseños, obra civil y equipamiento, ya que las viviendas estarán totalmente amobladas.

El proyecto, elaborado por el Ministerio del Interior, señala que el Gobierno Nacional ha proveído de vivienda fiscal a la Policía Nacional, hasta el 2014, la cantidad de 1.877 unidades habitacionales, 1.367 existentes y 510 por finalizar, las que constituyen la oferta actual.

En un informe de la Dirección Nacional de Bienestar Social de la Policía Nacional se indica que existe un déficit de vivienda fiscal del 68,15%, cálculo que se realizó considerando el número de viviendas que es requerido a nivel nacional por el personal policial y el número de viviendas existentes hasta 2014.

De acuerdo con la información, no se dispone de la cantidad suficiente de vivienda fiscal para los policías, quienes deben incurrir en gastos de arrendamiento de vivienda o vivir solos en los cuarteles y limitarse a compartir con sus familias los días libres, situación que provoca complicaciones en el núcleo familiar.

El proyecto reducirá el déficit y apoyará al bienestar de los uniformados, ya que se ha calculado que el beneficio sería para más de 23.500 personas, tomando en cuenta que cada familia en promedio está compuesta por 4 miembros.

El policía puede acceder a un departamento de arriendo a bajo costo, lo cual “es una ayuda especialmente cuando se es trasladado de un lugar en el que no habita comúnmente a otra provincia y debe llevar a su familia; son apartamentos amoblados”, indicó la coronel Elena Rosero, directora de Bienestar Social.

Esto incide en el ánimo del uniformado, para que trabaje más tranquilo sabiendo que su familia está debidamente acomodada, manifestó la oficial.

También, existen policías que por calamidad doméstica solicitan el beneficio o quienes deseen radicarse en determinadas ciudades se les asigne una vivienda hasta que les entreguen sus casas propias.

Sin embargo, hay una lista de espera grande para acceder a los departamentos que no ha podido ser cubierta, por lo que se les da prioridad a los casos más urgentes dependiendo de cómo lleguen las carpetas de solicitudes, “en esto no importa el grado, se atiende según como lleguen las carpetas”, aclaró Rosero.

Alquiler de vivienda

El capitán Julio Ibujes, quien residía en Quito, fue transferido a Portoviejo, Manabí, para encargarse de la jefatura de la Unidad Aeropolicial, por lo que fue transferido de Quito. “Ya sabía cómo se hacía el trámite, así que apenas me dieron el pase apliqué a la vivienda fiscal y me asignaron un departamento donde están alojados mi esposa y 2 hijos”.

Para el oficial lo importante es la estabilidad de la familia. “Uno puede dedicarse a trabajar de mejor manera, la institución nos ayuda ya que pagamos $ 60 mensuales de renta que se descuenta del rol”.

Los contratos duran 2 años y son renovables solo si el ocupante justifica la necesidad de seguir en el lugar, lo cual es calificado por el departamento de Bienestar Social.

Además, en los conjuntos de las viviendas fiscales se priorizan otros servicios para ayudar a las familias de los policías, como la implementación de guarderías de atención primaria a las que acceden todos los uniformados que lo necesiten, explicó la mayor María Belén Prado, coordinadora de Bienestar Social. (I)