Durante 2014 en la provincia del Guayas se registraron 21.891 denuncias por casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, pero se resolvieron 22.718 (incluidas algunas de 2013), informó el director administrativo del Consejo de la Judicatura (CJ) en dicha jurisdicción, Bolívar Vergara.

Agregó que a partir de la creación del CJ la administración de justicia mejoró sustancialmente para atender este tipo de causas, pues se implementaron unidades especializadas, que trabajan con énfasis en la violencia de género.

Este proceso se fortaleció el 10 de agosto de 2014, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contiene 31 artículos sobre los procedimientos a seguir cuando se presentan estos casos y 7 que determinan las sanciones para quienes cometen delitos ahora tipificados, como el femicidio; y para los que incurren en contravenciones de carácter físico, sicológico y sexual en contra de la mujer, entre otros.

El fiscal provincial del Guayas, Paúl Ponce, al respecto dijo que los delitos “corresponden a las circunstancias históricas que vive la humanidad” y el derecho, que es un organismo vivo, frente a ello siempre se está actualizando para la oportuna administración de justicia.

“El legislador en buena forma, viendo todos los elementos de nuestro tiempo actual, tipificó en el COIP una serie de nuevos delitos que han recibido su tratamiento adecuado por la Fiscalía cuando han sido cometidos”, acotó el ministro fiscal.

La vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, Gina Godoy, manifestó que la Constitución elaborada en Montecristi “reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, lo que obliga a la sociedad y al Estado en su conjunto a combatirla.

Godoy recordó que siete ministerios, en 2007, firmaron un decreto para la implementación de un plan de erradicación de este problema, y el 25 de noviembre de 2014 la cartera de Justicia convocó a la Función Legislativa y Judicial para hacerle frente a esto que “parece una pandemia”.

“Las 3 funciones del Estado trabajamos desde la prevención (Ejecutivo), la tipificación (Asamblea) y la sanción (Judicial) para ser más efectivos en la gestión”, comentó.

Sin embargo, la asambleísta manifestó que sancionar la violencia nunca será suficiente y que lo necesario es garantizar que se respeten los derechos de los demás, lo que es responsabilidad de todos.

Equipos especializados

Vergara detalló que las unidades de Violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar tienen una lógica especializada, pues no solo están compuestas por jueces, sino por equipos técnicos multidisciplinarios de trabajadores sociales, médicos, sicólogos; con áreas de atención para un trato cordial hacia las presuntas víctimas, donde se establecen las medidas de protección pertinentes para que no queden desprotegidas hasta que se resuelva el proceso.

También, informó que en Guayas hay 4 dependencias de este tipo (2 en Guayaquil, una en Daule yuna en Milagro) con 22 jueces especializados, pero explicó que en el resto de cantones todos los jueces penales son competentes para conocer estos casos. “Solo en la Unidad Valdivia Sur (Guayaquil), que es la que recibe más causas, en lo que va del año conocieron 1.648 y de esas 123 fueron resueltas”, citó Vergara.

No obstante, recalcó que el compromiso del CJ para erradicar la violencia de género no solo se traduce en acciones propias de la administración de justicia sino que dentro de la institución se trabaja con igualdad. “En Guayas hay 1.823 funcionarios, de los cuales 946 son mujeres, y entre ellas 128 juezas”.

Finalmente, resaltó la participación de la institución en movimientos como ‘He For She’ de las Naciones Unidas, que involucra a hombres en el combate de la violencia contra la mujer, lo cual es un avance significativo.