En audiencia que se inició a las 08:30 y que concluyó a las 11:50 de ayer, la jueza penal Ana Lucía Cevallos, vinculó al abogado Gustavo M., al empresario Vladimir S. y a la empresa Vladmau Construcciones, a través de su representante legal Akira S., a la instrucción fiscal que se lleva adelante por el presunto delito de lavado de activos en el caso de corrupción de Odebrecht.

La resolución contempla prisión preventiva para Gustavo M. (la cual no se podrá ejecutar porque ya está detenido por otro proceso legal), mientras que a Vladimir S. se le prohibió la salida del país, la presentación semanal ante el fiscal, a partir del lunes 30 de este mes y el uso de dispositivo electrónico.

Además, tanto para las personas naturales como para la jurídica se ordenó la prohibición de enajenar sus bienes hasta por un monto de $ 89.600, que sería la cantidad que hasta el momento no ha sido justificada entre los movimientos analizados y que se presume fueron objeto del delito que se indaga.

El  pasado 1 de octubre se cumplieron los 90 días que la ley determina para la instrucción fiscal en este caso en el que los principales implicados son Ramiro C., exgerente de Transporte de Petroecuador y el abogado y empresario Diego C.

Con la vinculación de este martes la instrucción fiscal se extiende por 30 días más.

En la audiencia de ayer, la fiscal Ruth Amoroso fue la encargada de exponer los elementos de convicción que se habrían reunido para esta vinculación y señaló que el monto del lavado de activos ascendería a $ 89.600, aunque no se descartó que llegue a los $ 200.000, lo cual se establecerá en el transcurso de la investigación.

Según la fiscal, lo que se investiga son transferencias que buscan ser justificadas por supuestos trabajos contratados por Ramiro C., a la empresa Vladmau, que nunca se realizaron.

A Gustavo M. la Fiscalía lo define como un intermediario entre dineros que habrían llegado de la empresa Odebrecht y que tenían como destino final Ramiro C., quien firmó el contrato para la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca.

Édgar Molina, abogado de Gustavo M., indicó que en la defensa técnica demostrará la inocencia de su cliente, quien recordó que aún está pendiente el procedimiento abreviado que se ha solicitado a la Fiscalía a favor de su defendido.

A su vez, Reinaldo Zambrano, abogado de Vladimir S. y la empresa Vladmau, indicó que en el primer caso está satisfecho porque se le hayan concedido medidas cautelares alternativas y no la prisión preventiva para su cliente, por lo que él podrá regresar a Ecuador, desde los Estados Unidos, donde está.

Y en el segundo caso, la complacencia es porque no se aceptó el pedido de clausura de la empresa, como lo solicitó la fiscal, ya que de hacerlo se habría afectado particularmente a cerca de 50 familias que dependen de Vladmau.

Odebrecht crea Consejo

En tanto, Odebrecht, mediante un comunicado, anunció la creación de “un consejo global interno contra la corrupción”, conformado por expertos internacionales en ética empresarial, como parte de “su compromiso con una actuación ética, íntegra y transparente que rige su estricto Sistema de Conformidad, el mismo que tiene como objetivo prevenir que ocurran actos ilícitos dentro de la organización”.

Este consejo asesorará a los líderes de la compañía y su primera reunión será el 22 de octubre. (I)

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Defensa de Jorge G. pagará garantía por recusación

La defensa del Vicepresidente de la República, quien guarda prisión preventiva acusado de asociación ilícita por el caso Odebrecht, cancelará $ 1.224 para que prosiga el trámite de la recusación que presentó contra el juez Miguel Jurado, quien aceptó el pedido de Fiscalía y ordenó la detención del funcionario.

Esta garantía se cancela de acuerdo al artículo 27 del Código General de Procesos (Cogep). En caso de que sea aceptada la recusación se devuelve, caso contrario, va a una cuenta de la Judicatura.

Jurado es el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que se asignó por sorteo para que siga el proceso al que sindicaron a Jorge G., ya que tiene fuero de corte.

Sin embargo, el abogado defensor, Eduardo Franco, indicó que el magistrado ordenó la  medida cautelar de manera ilegal por cuanto estaba fuera del tiempo establecido en la ley, además se  vulneraron artículos del COIP.

Por eso recusó al juez para que sea reemplazado, ya que está pendiente la audiencia preparatoria de juicio en contra del Vicepresidente y otros 17 implicados.

El jurista aseguró que el magistrado debe ser retirado del caso pues ha cometido el delito de prevaricato. “Por eso no puede seguir en el proceso porque no garantiza imparcialidad ni idoneidad, es una persona entregada al fiscal de la nación, Carlos Baca, que a su vez está con Odebrecht”.

Franco indicó que el Fiscal sigue el convenio que firmó con la empresa  y el acuerdo de cooperación eficaz con el delator José Santos. “Están golpeando juntos, el Fiscal parece abogado de Odebrecht, en lo que se ha convertido en la trilogía de Odebrecht”. (I)