Pasaron más de 3 años de la desaparición de Segundo Luis Guaraca Sañay, hasta que sus restos fueron encontrados. La autopsia practicada a restos humanos hallados en una quebrada de la zona de Cochapamba, en el cantón Cañar, provincia del mismo nombre, determinó su identidad. Guaraca, de 20 años, era oriundo del cantón Alausí, provincia de Chimborazo, y sus familiares denunciaron la desaparición en junio de 2012.

Las indagaciones efectuadas por la Fiscalía señalaron que fue visto por última vez en las fiestas del Inti Raymi, en Cañar, donde estudiaba la secundaria en un centro educativo, además laboraba en una panadería.

Romeo Gárate, fiscal provincial de Cañar, informó que el 12 de marzo de 2014, en el sector Cochapamba, se encontró una osamenta, y junto a ella estaban una casaca, un par de zapatos, un pantalón y una bufanda colgada de un árbol.

En aquella ocasión no sabían de la denuncia y lo ingresaron como NN. El 12 de enero último los restos fueron sometidos a un análisis forense de identificación, el cual confirmó que era Guaraca. Los agentes comunicaron del particular a los familiares, quienes lo sepulturon.

En 2015 los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) localizaron con vida a 4.973 personas, y a 147 fallecidas; de esta cifra, 18 asesinatos, 4 homicidios y 2 por femicidio, los demás por diferentes causas.

Casos no prescriben

El coronel Víctor Aráuz, director de la Dinased, indicó que los casos de desaparecidos no prescriben hasta que se encuentre a la persona. “La Policía no cierra los casos y se trabaja dependiendo de las pistas que se recolecten”.

Los casos de personas que están desaparecidas meses o años son los más difíciles, pero tienen “nuestra atención, incluso existe un servicio de psicólogos que acompañan a los familiares”, manifestó.

Procesar a los culpables

María de Lourdes Mejía, presidenta de Desendor, asociación que agrupa a familiares de desaparecidos, aspira a que en este año la mayoría de casos se resuelvan, y si es que aparecen sin vida, que se procese judicialmente a los culpables.

Ya son 6 años de lucha para buscar la verdad en el caso de su hija María Fernanda Guerrero Mejía. La joven desapareció el 15 de enero de 2010, cuando se dirigía a encontrarse con su expareja Edwin C.B. en la vía a Guamaní, en las afueras de la fábrica Toscano, en el sur de Quito, donde él trabajaba por entonces.

La progenitora afirmó que recibió el apoyo del Estado, sin embargo ella, al igual que los familiares de otros desaparecidos, quisieran que las indagaciones lleguen a encontrar a sus seres queridos.

En el caso de María Fernanda Guerrero han pasado 6 fiscales, señaló. “Por buscar la verdad he sido difamada por el padre de Edwin C.B., mi exyerno, pero no abandonaré la lucha”.

Edwin C.B. se encuentra en la cárcel purgando una pena de 25 años de reclusión por el asesinato de su expareja Valeria Chávez. También la Fiscalía lo investiga por la desaparición de María Fernanda Guerrero.

La mujer sugirió que se califique la desaparición como delito, lo cual ayudaría a la indagación fiscal, porque facilitaría que las personas acudan a la Fiscalía a rendir sus testimonios voluntariamente.

Muestras de ADN analizadas

En declaraciones anteriores, la fiscal Paola Solís señaló que el año pasado se hallaron algunos cuerpos de personas desaparecidas en diferentes morgues del país, donde fueron ingresados como NN. “Estos fueron sometidos a pruebas de identidad, los forenses recogen muestras de ADN, las que son comparadas con las de sus familiares. A esto agregan las huellas digitales, pericias dentales, etc.”.

Además se practica la técnica del AFIS, mediante la cual se comparan las muestras con la base de datos del Registro Civil. Así se identificaron cadáveres que no han sido reclamados por sus familiares, dijo.

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, informó la semana pasada en la Asamblea, que el año anterior los fiscales resolvieron 10.318 causas de desaparecidos y 1.199 se mantienen en investigación. La Dinased y la Fiscalía, que trabajan juntas en la investigación, en 2015 actuaron en 5.474 casos, de los cuales resolvieron 5.120. (I)