Ecuador es parte de la lucha contra feminicidio
Los asesinatos de mujeres por motivos de género constituyen una violación a derechos humanos como el derecho a la vida, a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, por lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y ONU Mujeres prepararon un documento que incluye recomendaciones y protocolos de investigación para los casos de crímenes contra las mujeres.
Las conclusiones fueron realizadas por un grupo de expertos del organismo internacional que pretende difundir, en los países de la región, la concientización de este tipo de delito y promover la prevención del femicidio.
En el caso de Ecuador, según datos de la Fiscalía, de enero a julio de este año se produjeron 136 asesinatos de mujeres, de los cuales el 30% de las muertes se registraron en Pichincha y Guayas con 21 y 20 casos, respectivamente; en Esmeraldas sucedieron 16 y en Manabí 10.
Esta problemática ya fue considerada por la Asamblea Nacional, que como medida para luchar contra el fenómeno delictivo tipificó el femicidio, que fue incluido en el nuevo Código Penal Integral (COIP).
Carmen Rosa Villa, directora de la oficina de la Acnudh de Centroamérica, indicó que prepararon el modelo de protocolo de muerte violenta de mujeres por razones de género, que se enmarca dentro de la estrategia desarrollada para apoyar los sistemas de administración de justicia a fin de que respondan de manera adecuada a este reto frente al fenómeno social del femicidio.
El protocolo se basa en la compilación de procedimientos realizados en varios países, así como en la identificación de los problemas que tienen las mujeres víctimas cuando acuden al sistema judicial, que aún asume en ciertos países posiciones machistas que revictimizan a las mujeres lo que, además, genera impunidad, “hay que analizar las causas y consecuencias de este delito”, afirmó.
Lo que pretende el modelo de protocolo es trabajar con la administración de justicia para incorporar la perspectiva de género en las investigaciones, en la actuación de los operadores judiciales durante la etapa de indagación, sanción y la reparación de los femicidios, lo cual implica el trabajo continuo con los ministerios públicos, la policía, las instituciones forense y los organismos judiciales, en la lucha contra la impunidad.
