La tolerancia al consumo de estupefacientes debidamente regularizado por el Estado, así como su descriminalización penal, formaron parte de las propuestas que se discutieron hasta ayer en el marco del Primer Encuentro Internacional por una política alternativa a la guerra contra las drogas, organizado por la Defensoría Pública del Ecuador.

“En Holanda no hay legalización, hay tolerancia al consumo”, dijo Pien Metaal, del TNI.Conferencistas nacionales e internacionales participaron de la jornada, donde expusieron sobre las experiencias que afrontan los distintos países al abordar el consumo de drogas como problemática social y no como un delito.

Ernesto Pazmiño, titular de la Defensoría Pública Penal, señaló que el problema del tráfico de drogas es un asunto que ataca a los sectores más vulnerables, y refirió que el 34% de personas detenidas en 2008 fue por delitos relacionados al microtráfico, y que 2.300 personas -la mayoría mujeres- de bajo nivel social fueron indultadas.

Óscar Gómez, subsecretario de Educación y Cultura de Uruguay, expuso sobre la posición de su país, donde en diciembre próximo el Senado tendrá que ratificar el proyecto que regula el cultivo y el comercio del cannabis (marihuana).

“Antes del 10 de diciembre podría entrar a votación. Recogimos experiencias de Holanda y Portugal, para determinar la cantidad que pueda adquirir el usuario, un tope de 40 gramos, y obviamente no será a menores de edad”, dijo Gómez.

El funcionario afirmó que en Uruguay se propuso este proyecto desde 2012 porque el 80% del mercado del consumo de estupefacientes le pertenece al cannabis. Según Gómez, en Uruguay existen 20.000 usuarios diarios de esta planta, 80.000 personas que la consumen una vez al mes y 20.000 que lo realizan mínimo una vez al año. “Ellos al momento están obligados a ir a un mercado negro. Solo será para residentes”, recalcó.

Mientras que Pien Metaal, investigadora del Transnational Institute (TNI) de Holanda, opinó que si otras naciones desean replicar la experiencia de su país en la regularización, tendrán que considerar el tema de la producción de las plantas para los usuarios. “Eso en Holanda quedó a medio camino y se creó un nuevo mercado negro”, explicó.

Metaal contó que los ‘coffee shops’, lugares de libre venta de drogas blandas (que ocasionan daños leves), surgieron en los años ochenta por la política de tolerancia que rige en los Países Bajos.

Sin embargo -afirmó-, hay condiciones que esos negocios deben cumplir, como la prohibición de venta de drogas duras (que ocasionan daños fuertes) y alcohol, el no ingreso a menores de 18 años y una mínima distancia de 350 metros de centros educativos. Solo en Ámsterdam funcionan 65 locales.

De acuerdo a Jorge Vicente Paladines, asesor en materia penal de la Defensoría Pública del Ecuador, hace falta continuar con la descriminalización penal y social del uso de drogas en el Ecuador.

Paladines destacó que hay un consenso en América Latina para trasladar el problema de las drogas del campo penal al de salud pública.

Pese a que la tendencia en la región apunta a una nueva política en el abordaje de este fenómeno, en el proyecto del Código Orgánico Penal Integral (COIP) de la Asamblea Nacional existen artículos que penalizan su producción, tráfico o siembra.