La audiencia de formulación de cargos en contra de Javier Pachacama y su esposa Yadira Gómez, directivos de la inmobiliaria Unión Constructora, se llevará a cabo la tarde de este miércoles.

La fiscal Ruth Castillo será la encargada de receptar las versiones de los principales implicados en este caso, detenidos la noche del martes en el barrio de San Pedro de Taboada, en el Valle de Los Chillos, en las afueras de la ciudad de Quito.

En una rueda de prensa, el ministro del Interior, José Serrano, indicó que la captura fue posibles gracias a la información brindada por la ciudadanía, que permitió a la Policía Judicial en conjunto con el Ministerio Público montar el operativo.

Desde esta mañana, decenas de perjudicados empezaron a llegar hasta los exteriores de la Fiscalía, en cuya Unidad de Delitos Flagrantes está previsto se realice la audiencia de formulación de cargos. Allí se registraron altercados con Juan Guamba, abogado de Pachacama.

El jurista señaló que existen 17 propiedades con las que se afrontará la deuda con los afectados. "La liquidadora cubrirá a todos los perjudicados. En este momento el activo entregado por el señor Pachacama es mayor al valor reclamado, los activos superan los siete millones y medio de dólares", sostuvo Guamba.

William Aguaguiña, representante de los afectados, manifestó que se buscará un acercamiento para la devolución. Añadió que en la diligencia de esta tarde pedirán que tanto Pachacama como su esposa sean juzgados por el delito de estafa y enriquecimiento ilícito.

El pasado 29 de enero, el Juzgado Sexto de Garantías Penales de Pichincha ordenó la prisión preventiva en contra de los directivos de la inmobiliaria. Además, se les prohibió enajenar sus bienes y se ordenó la congelación de sus cuentas bancarias.

 Antecedentes

Desde finales del mes de diciembre pasado se empezaron a receptar las denuncias contra Unión Constructora. Los clientes habían pagado anticipos que iban desde los $5.000 hasta los $40.000 por la compra de casas que nunca recibieron.

Son más de tres mil las personas afectadas. El monto del perjuicio, según la Fiscalía, asciende a ocho millones de dólares.