El Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) resolvió destituir del cargo al juez Primero de lo Civil de Guayaquil, Ricardo Rivadeneira Jiménez, por haber incurrido, por tres ocasiones, en faltas disciplinarias graves en el período de un año.

Mientras que otros 9 jueces de  la misma área  fueron suspendidos de sus funciones por treinta días y sin goce de remuneración por haber cometido la infracción tipificada en el artículo 108 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Esto es: “No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en la sustanciación y resolución de las causas”.

El expediente disciplinario iniciado por el CJT señala que los servidores judiciales sumariados debieron despachar los juicios en los que interviene el Banco Central del Ecuador como cesionario de los activos de Filanbanco S.A. en liquidación, cumpliendo con los preceptos constitucionales y legales; esto es, que tuvieron que aplicar los principios principales de la debida diligencia, oportunidad, agilidad y eficiencia, y no lo hicieron.

Asimismo, indica que los jueces no habrían despachado los procesos que son materia del presente sumario disciplinario, incurriendo en violaciones a los derechos constitucionales de la tutela judicial efectiva y debido proceso.

El pasado 10 de enero, Pedro Delgado, presidente del Banco Central del Ecuador (BCE), solicitó al CJT sancionar a los jueces que  archivaron más de 145 juicios de excepción interpuestos por varios deudores de la banca cerrada. Un juicio de excepción es un mecanismo para frenar el cobro de una deuda, aduciendo que el título de la coactiva es falso o está prescrito.

Según el titular del BCE, el archivo de estos procesos no permitiría recuperar al menos mil millones de dólares de cartera vencida de los bancos cerrados.

El CJT informó que de julio a diciembre de 2011 fueron conocidos 308 sumarios administrativos en contra de  funcionarios judiciales. Según el organismo, se dio paso a 60 destituciones, 75 suspensiones, 75 multas y 22 amonestaciones. Además fueron absueltos 40 sumarios, desechados 42 procesos, archivados 4 y  8 sumarios que prescribieron.

Dentro de este caso, el CJT resolvió ratificar la inocencia de siete jueces, en base a lo que dispone el artículo 177 del Código Orgánico de la Función Judicial, que hizo prevalecer el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución.

Ayer, el juez Cuarto, Harry Herández, se mantenía en sus funciones y dijo que no le habían notificado  de ninguna resolución y que  solo sabía que el CJT abrió varios sumarios contra los judiciales.

Esto a pesar de que el BCE presentó la queja contra Hernández que lleva el caso contra la empresa Gelati S.A. que adeuda  $ 1’809.731.

Otro de los jueces, que ayer desarrollaba normalmente sus funciones,   inclusive se alistaba a celebrar una audiencia, era el juez Vigésimo Noveno, Leonidas Prieto Cabrera, quien, según la entidad estatal,   no resolvió el proceso contra Pedro Bajaña, procurador de María Abbud Isaías, por  $ 3’787.790.

Las secretarias de varios juzgados, como el Primero, Décimo y Vigésimo Tercero, manifestaron que no tenían conocimiento  de alguna notificación y que todas las resoluciones del CJT son enviadas directamente a los jueces, por lo que desconocen si ya avocaron conocimiento.