El lavado de activos es el proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero legal, aparentando haber sido obtenidos de forma lícita. Eso dice el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Una de las opciones del lavado de activos es ingresar la riqueza ilícita en los sectores de actividad económica, donde se manejan grandes sumas de dinero en efectivo, porque en ellos converge una cantidad importante de consumidores que demandan bienes y servicios.

Un ejemplo de ello es el caso Diacelec. La constructora brasileña Norberto Odebrecht, a través de sus empresas offshore, transfirió millones de dólares a la firma Columbia Management, constituida en Panamá.

Esta empresa, cuyo mayor accionista es Édgar A. Q., y el apoderado general para administración era Luis A. I., a su vez transfería esos activos a las empresas Diacelec y Conacero, así como a los acusados por lavado de activos.

Según los estados de cuenta de la firma Columbia Management, entre junio de 2010 hasta mayo de 2015 recibió 38 transferencias por $24’623.340, que iban a las cuentas del Banco Bolivariano BBP Bank y Produbank.

Desde la empresa Columbia se realizaban depósitos y transferencias a los acusados Elvira I. L.; Édgar A.; procesados jurídicos Diacelec y Conacero, cuya accionista era Elvira I. L., esposa de Édgar A.. También se transfirieron valores en cheque a favor de Juan B., accionista minoritario de Diacelec.

Nuevo período

En el período 2010 a 2017 se registraron 70 transferencias por $ 11’551.370 enviadas desde Columbia a Diacelec. Esto según detalle anual de traspasos, que constan en el resumen de la audiencia preparatoria de juicio del caso Diacelec.

Ese valor se registró en la contabilidad como préstamos a favor de Édgar A. y Diacelec sin documentos de respaldo. Los activos de origen ilícito se mezclaban con los activos que las personas jurídicas y naturales manejaban en el sistema financiero, según la contadora Myrian Coral Cisneros, así como las pericias contables y documentológicas que constan en la causa.

En este caso los procesados a través de las empresas Diacelec y Conacero movilizaron esos activos de procedencia ilícita, los incluyeron en el manejo financiero, económico de estas empresas, y hasta los emplearon para vivir confortablemente.

Por ejemplo, en el período de investigación 2010 a 2016 se incrementaron sus ingresos en el sistema financiero, sus activos y su patrimonio. No se encuentra justificación bajo la comparación que se efectúa con las declaraciones de impuestos de los procesados Édgar A., Elvira I., José Luis A., Juan B. y Gladys  A.; y las empresas Diacelec y Conacero.

Dinero trasladado en blindados

Además retiran a través del sistema de blindados de la empresa Tevcol más de $ 14 millones de las cuentas bancarias que Diacelec no registra en su contabilidad.

Este dinero era entregado en efectivo en las oficinas de Odebrecht de Quito y Guayaquil, sin que dichas entregas correspondan a actividades comerciales, pago a proveedores u otras propias de su actividad económica.

La fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de Fiscalía, confirma esta situación al señalar en audiencia de juicio que existían dos cuentas bancarias que Diacelec S. A. no registró en la contabilidad. A través de ellas se pagó el servicio de camiones blindados para transportar valores en efectivo que fueron entregados en las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil.

Respecto a los exempleados de Odebrecht, el valor recibido es $ 4’789.590,32 con destino final de entrega a los ciudadanos brasileños Jose Conciensao Santos y Geraldo De Sousa, directores y superintendentes de Odebrecht en Ecuador.

Para la fiscal Proaño, los procesados ocasionaron un perjuicio al Estado de $14’602.238,49., lo cual recuperarán una vez que la sentencia esté ejecutoriada. (I)