La penalización del aborto en casos de violación, el homicidio culposo por mala práctica profesional y la violencia intrafamiliar son los temas más conflictivos al interior del pleno de la Asamblea que, desde el miércoles pasado, debate el proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ayer 109 legisladores de los 137 participaron en la sesión.

Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y ponente del proyecto, mocionó que la votación se realice por libros, es decir, que hasta mañana se aprueben los Libros Preliminar: principios básicos; 1: infracción penal; y 2: procedimiento, lo que fue acogido por la presidenta (e) de la Asamblea, Rosana Alvarado. Andino destacó que el objetivo de la  reforma penal es renovar todo el sistema jurídico, adaptándolo no solo  a la Constitución de 2008 y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino también a la realidad del país.

El artículo 149, que establece que el aborto no será punible “si el embarazo es consecuencia de una violación de una mujer con discapacidad mental”, fue uno de los más debatidos. Ramiro Aguilar, asambleísta del Movimiento Suma, sostuvo que el  aborto no debería ser solo para mujeres de esa condición sino para “todas aquellas que hayan sido víctimas de violación”, planteamiento que fue respaldado con aplausos, incluso, de  Alvarado.

En lo que respecta a la penalización del aborto con condenas  de 6 meses a dos años, según  el artículo 148 del proyecto de ley, Aguilar pidió a sus colegas ser realistas y se cuestionó: ¿Cuántas mujeres se practican  abortos voluntarios en el Ecuador? ¿Cuántos procesos judiciales se abren por esta causa? “Si no se aplica la norma, no debería estar en vigencia. No estamos hablando de legalizar el aborto sino de despenalizarlo”, dijo.

Fausto Terán, asambleísta por Alianza PAIS, también solicitó que se elimine la condición de que el aborto por violación sea solo “si la mujer tiene discapacidad mental”.

Él también resaltó que el  delito de feminicidio, ya tipificado en el proyecto de COIP, es un gran avance jurídico para el país: “De acuerdo con una investigación de 2001 promovida por el Ministerio del Interior, el  92% de los homicidios a  las mujeres es por feminicidio, y de estos, el 64 % es cometido por sus parejas”.  

Mientras los legisladores exponían sus observaciones a los artículos, diversos colectivos se manifestaban con carteles para pedir que el proyecto de ley despenalice el aborto en caso de violación sexual.    

Una de las manifestantes, Sarahí Maldonado, de  la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género y quien el miércoles mostró su torso desnudo ante el pleno en señal de protesta, dijo que su colectivo ha debatido este tema desde 2011 con movilizaciones en todo el país.

A su criterio, todas las mujeres deberían tener el derecho de abortar si su embarazo es producto de una violación, como un primer avance en la nueva legislación. Después -acotó- lucharán por una despenalización total de la práctica abortiva. “Luchamos por eso, porque el aborto es la segunda causa de muerte entre  las mujeres y porque del 30% de violaciones devienen los embarazos”, sostuvo.

Con respecto al homicidio culposo por  mala práctica profesional,  que consta en el artículo 145 del texto, el legislador Carlos Velasco, como  presidente de la Comisión de la Salud, pidió que  el proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión -luego de cumplida la condena que determinará el nuevo COIP- debe ser incluido  en el  Código de la Salud que actualmente elabora  su mesa.

El nuevo marco legal contiene 749 artículos y unifica el   Código Penal, Procedimiento Penal y otras leyesTambién señaló que para sancionar la falta del “deber objetivo de cuidado” que cumple cada profesional, se tomará en cuenta elementos aplicables a cada caso como los protocolos, guías, reglamentos o normas técnicas nacionales e internacionales. “En ningún momento se quiere criminalizar a ninguna profesión, peor al médico, que tiene una relación muy estrecha con la ciudadanía ”, enfatizó.

La asambleísta María Alejandra Vicuña pidió que se incorpore en el artículo de violencia intrafamiliar, la violencia patrimonial y sexual porque “quien comete violación sexual también podría ser parte del entorno familiar”, dijo.

Para aportar al debate, la Secretaría de la Asamblea leyó la carta remitida por   Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Senadores y de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en la que compartió los avances de la legislación de su país en materia penal.

Sobre el feminicidio, explicó  que se trata de un delito penado con 30 años de reclusión sin derecho a indulto.

Andrés Páez, asambleísta por CREO, destacó que el proyecto de COIP incluya la Unidad de Protección a las Víctimas, aunque no está de acuerdo con el artículo 40 referente a la exención de responsabilidad en delitos contra el derecho a la propiedad porque “robarle al pariente ya no será sancionado”. El debate continuará hoy.