Camila (nombre protegido) no entendió lo que le sucedió. Tiene 4 años y el sábado 4 de mayo sus padres organizaron una fiesta por su bautizo. Hicieron una gran recepción en su casa en Otavalo.

Elvis A., de 25 años, quien es amigo de la familia y uno de los invitados a la celebración, aprovechó un descuido. Ingresó al dormitorio de la menor y la violó.

Un familiar se percató del hecho. Lo encontró semidesnudo, con el pantalón abajo, y a la niña con su ropa interior hasta las rodillas.

Los asistentes a la fiesta sacaron a golpes y piedras al agresor hasta el patio de la casa. Sin embargo, el delincuente huyó al percatarse de la presencia de la Policía.

Pero a pocas cuadras del lugar fue capturado. Los padres de la menor pusieron la denuncia por violación. 

Hechos como los de Camila no son ajenos en el país. La Policía Judicial estima que cada hora se registran dos denuncias por abuso y violación sexual.

En 2018, la Fiscalía registró 18.698 denuncias. Hasta abril de este año, en cambio, se contabilizaron 2.947.

Según la Policía Judicial, conocidos y familiares son los principales agresores, el 59,4%; seguidos de desconocidos, el 16,5%.

La edad de los victimarios oscila entre 20 y 49 años, el 68,9%.

Andrea (nombre protegido) fue violada sexualmente por un primo lejano. Le pusieron una sustancia en su bebida y la ultrajó. Al inicio sus padres no le creyeron.

Tampoco los padres del joven, pero Andrea luchó. Actualmente, su agresor está detenido y afronta una pena de hasta 29 años.

Para la joven, lo más triste fue ser revictimizada no solo por su familia, sino por la justicia. Señaló que cuando puso la denuncia, en más de una ocasión, le dijeron que recuerde si no bebió algo porque le “gustaba la bebida”. Su testimonio fue receptado en dos ocasiones.

Verónica Ocaña, de 37 años, comparte el criterio. Fue agredida sexualmente en 2017 y dos años después condenaron recién a uno de los tres agresores a 19 años. 

Fue denigrada cuando puso la denuncia en la justicia. “Usted fue la que estuvo con tres hombres” o “cuál es la violada por tres”, le decían.

Hasta el momento, la Policía Judicial detuvo a 598 personas. Pichincha y Guayas son las principales provincias en donde se cometen estos delitos. (Ver infografía)

Reformas al Código Penal

Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, califica como “alarmante” que cada hora haya dos denuncias por estos delitos.

A su criterio, esas estadísticas “gritan que deben existir intervenciones eficaces y eficientes”, ya que considera que el sistema de protección de niños y adolescentes no   funciona en el país.

Por ejemplo, detalla que en el Consejo de Protección ha conversado con diferentes actores y luego llegan a la conclusión de que “el sistema no funciona y que es revictimizante”.

Martínez considera que otra cifra que no se toma en cuenta es la impunidad; es decir cuántas de las denuncias terminan en sentencias en firme. Recuerda que muchas mujeres y niños, por ejemplo, no denuncian “por temor o por creer que el sistema es revictimizante”.

La experta cree que se debe actuar en la prevención y no ser reactivos. Además enfatiza que deben existir reformas al Código Penal para  juzgar a los procesados en ausencia, ya que muchas veces, luego del delito, huyen. 

Pero, la abogada Gabriela López afirma que debería calificarse primero la mala fe de la ausencia; es decir saber si hay evidencias de que está prófugo o se esconde de la justicia para no ser juzgado.

A  criterio de López, juzgar a un agresor sin esta calificación podría ser atentatorio y “gravoso al debido proceso y, sobre todo, a los derechos del procesado”. (I)