El Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE), creado en julio de 2017, estaría actuando al margen de la ley.

Esta fundación dirigida por el expresidente Rafael Correa tiene como objetivo potenciar el trabajo de análisis e investigación económica, social y política, así como los medios de difusión y socialización de sus productos.       

Entre sus áreas de trabajo figuran charlas y conferencias políticas, académicas y especializadas, tanto dentro del país como en el exterior, dijo Pabel Muñoz, uno de sus fundadores.

La semana pasada el presidente Lenín Moreno denunció en Chile que “existen intentos desestabilizadores liderados por los exmandatarios de Ecuador y Venezuela”.

Intentos que involucran el manejo de recursos públicos venezolanos, para financiar acciones contra los gobiernos de Ecuador y de la región.

Según la Presidencia, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes, transfirió $ 281.000 al IPPE para “alimentar cuentas personales de exfuncionarios”.

Este instituto hizo transferencias a cuentas de Rafael Correa por $ 96.200 y a sus excolaboradores, de entre $ 34.000 y $ 6.000, según el Ejecutivo.

La denuncia formal del régimen fue presentada el miércoles 27 de marzo por el subsecretario Anticorrupción, Iván Granda, a la Fiscalía.

Esa misma tarde la Fiscalía anunció que no investigará porque los hechos no configuran un indicio del cometimiento del delito y además aduce que no tiene jurisdicción ni competencia.

“Sorprende que en un tiempo récord se proceda a descartar cualquier posible irregularidad vinculada al financiamiento de esta organización, sin haber solicitado información de ningún tipo y a ninguna institución”, respondió Granda.

El penalista Paúl Ocaña expresó su sorpresa por la celeridad en este caso y la tardanza en evacuar alrededor de 320 informes con responsabilidad penal presentados por la Contraloría.

El jurista Napoleón Santa María fue más allá al señalar que la Fiscalía debió acoger la denuncia e investigar.

A su criterio, el IPPE habría incurrido en al menos tres tipos de delito: lavado de activos, defraudación fiscal y cobros indebidos.

Lo primero que debió investigarse es el origen de los fondos y la razón, manifestó, al señalar que el expresidente Correa ha dicho que llegan los recursos porque la Fundación provee de servicios. De ser así sería un delito porque una persona jurídica sin fines de lucro no puede cobrar por servicios, de modo que debería ser disuelta.

Por otro lado, se presume que incurre en lavado de activos porque Bandes debió alertar que llegaba dinero del exterior y confirmar su destino. Para el jurista, si la fundación brinda servicios y cobra por ello debió haber pagado impuesto a la renta. De no hacerlo se trataría de una defraudación fiscal.

Sobre los beneficiarios de los dineros del exterior, la jurista Cathie Campo indicó que debe investigarse a cuenta de qué se entregaron recursos a Correa y sus excolaboradores.

“Si ellos generaron algún servicio debieron estar vinculados a ese servicio, haber facturado y pagado el impuesto a la renta sobre estos servicios. Si no hicieron eso, ellos también pueden cometer el delito de defraudación fiscal”, precisó.

Los tres juristas coincidieron en que debería insistirse en la denuncia a la Fiscalía, pero replantearla porque sí hay indicios de delito. Esta no es la única denuncia contra Correa. (I)