La Defensoría del Pueblo exhortó este miércoles 28 de noviembre, al gobierno de Lenín Moreno a evaluar la situación del exvicepresidente Jorge G., quien se encuentra en prisión desde octubre de 2017 por el caso Odebrecht.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la institución solicitó al Ministerio de Justicia resolver el traslado de Jorge G., "para que reciba atención médica, precautelar su integridad y que cumpla su prisión preventiva en otro Centro de Rehabilitación Social".

Según la Defensoría, en las últimas horas, el estado de salud de quien fuera vicepresidente de Ecuador se ha agravado, por lo que se han reunido las autoridades para evaluar los pasos a seguir y emitir una petición al Gobierno para que lleve a cabo una "evaluación con la que se puedan tomar las medidas oportunas".

El pasado 21 de octubre, el exvicepresidente fue trasladado desde la cárcel N°4 al norte de Quito a otra de máxima seguridad en Latacunga, tras la fuga de Fernando Alvarado, extitular de la Secretaría Comunicación (Secom).

En protesta por la decisión, el exvicepresidente inició una huelga de hambre el pasado 22 de octubre, que le ha acarreado problemas de salud.

Personal del hospital Carlos Andrade Marín (Hcam) lo atendió y anunció que su estado de salud era estable.

De momento, la casa de salud no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el pedido de la Defensoría del Pueblo. No obstante, el Ministerio de Salud Pública (MSP) advirtió que "ningún funcionario de esta cartera de salud tiene la potestad para pronunciarse".

A través de un comunicado oficial, se informó que "el manejo clínico del paciente está a cargo del hospital Carlos Andrade Marín, entidad a cuya administración le corresponde de manera exclusiva pronunciarse oficialmente".

[COMUNICADO OFICIAL] pic.twitter.com/gikP3ZzbRL

— Salud Ecuador (@Salud_Ec) November 28, 2018

En esa línea, el Ministerio recordó que a los profesionales de la salud y a la ciudadanía que "el estado de salud de un paciente, incluidos todos los datos de su historia clínica, están sujetos a confidencialidad".

Glas fue sentenciado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a seis años de prisión por asociación ilícita en relación a la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Fiscalía lo señaló como beneficiario de $ 13,5 millones en sobornos supuestamente pagados por la firma para la adjudicación de contratos de obra cuando fue titular del ramo. (I)