Nueve son los elementos más importantes que se contemplan en la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Entre las materias que se encuentran se destacan la lucha contra la corrupción; delitos contra la integridad sexual y reproductiva de menores; seguridad ciudadana, desaparición involuntaria, sanciones contra el maltrato animal, entre otros.

Cada una fue expuesta en el pleno de la Asamblea Nacional, dentro del segundo debate. Su presentación estuvo a cargo de Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, quien detalló la estructura del informe, además de los proyectos de ley que fueron mocionados para ser integrados en la norma.

Antes de la presentación del actual documento en debate había dos proyectos de ley que abordaron temas sobre reformas penales.

El primero, la Ley Anticorrupción, enviada por el presidente de la República, Lenín Moreno; el segundo, la Ley de Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana, propuesta por el asambleísta Henry Cucalón. Además, se contemplan las reformas al COIP que se han presentado desde 2015.

En esta semana, el pleno votó para que se unifiquen esos proyectos. Son informes que ya han sido analizados. La Ley Anticorrupción y el COIP estaban en segundo debate, mientras que la de Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana se encontraba en el primero.

La idea es que se envíe al Ejecutivo un texto unificado sobre materia penal para que llegue al Registro Oficial un cuerpo de reformas con temas que interesan a la ciudadanía, a decir de Peña.

Llegar a la elaboración del documento no fue fácil. Antes de ello se presentaron 69 proyectos reformatorios, 60 artículos propuestos para segundo debate, así como la conformación de 60 comisiones generales en la Comisión de Justicia.

Con ello se alcanzaron 45 artículos reformados, 17 nuevos artículos, cuatro disposiciones transitorias y una disposición final. El contenido se encuadra en 26 tipos penales reformados en el Libro Primero y la incorporación de siete nuevos tipos penales.

Las modificaciones

Entre los temas que se destacan se encuentra el de la lucha contra la corrupción, contemplando una modificación en el artículo 69, inciso 2, que se refiere al comiso penal (decomiso o confiscación).

Se incorporó la figura de comiso de bienes, fondos o activos en propiedad de terceros. Es decir que el juez podrá ordenar el retiro de bienes a familiares de personas condenadas por corrupción. También se contempla el comiso ampliado que hace alusión a sanciones por delitos de cohecho, concusión, peculado, entre otros.  

Además, el comiso sin condena, que se refiere al retiro de bienes por llamado a juicio o ausencia injustificada a juicio.

El aborto no punible (proceso practicado por un médico bajo consentimiento), contemplado en el artículo 150 del COIP, es otro tema que tocó Peña. Recordó que ese artículo no fue creado para criminalizar la interrupción del embarazo.

Lo que se plantea es añadir dos excepciones modificando el literal dos que menciona el embarazo por violación.

La legisladora indicó que se debe incluir interrupción cuando se trate de incesto o inseminación no consentida, o cuando el embrión padece patología congénita incompatible con la vida extrauterina. Para ello no se debe superar las 14 semanas de gestación y se requiere el consentimiento de la víctima.

La asambleísta advirtió que esta reforma no despenaliza el aborto y que sigue siendo criminalizado en Ecuador, a pesar de la reforma. Añadió que no obliga a la mujer a interrumpir el embarazo, “pero permite que la mujer violada pueda decidir si desea continuar o no con un embarazo resultado de una violación”.

La legisladora Lourdes Cuesta expresó su desacuerdo con el último punto. Por ello presentó junto con los asambleístas Esteban Torres y Henry Cucalón un informe de minoría con el cual argumentó su postura.  

“Aunque se trate de un crimen condenable, como la violación, ¿qué culpa tiene ese ser? Yo defiendo la vida desde el momento de la concepción”, reiteró.

La legisladora Encarnación Duchi manifestó su preocupación porque se está contemplando el mecanismo de aborto, pero no se observan mecanismos de sanciones para los violadores. “Puede ser que la víctima se somete al aborto varias veces y el agresor siga campante. No se han implementado políticas públicas para la prevención”, dijo.

Duchi aseguró que entre 2014 y 2018 más de 100 mujeres han sido judicializadas por someterse a abortos.

Durante la sesión, además, se mencionó el punto del endurecimiento de las penas por lesiones a mascotas o animales de compañía; se plantea de 2 a 6 meses de prisión, así como la sanción de 6 meses a 1 año en caso de abuso sexual; y de 1 a 3 años si hay muerte del animal.

En su exposición, Peña mocionó ante el pleno que se divida el debate por libros. No obstante, la sesión fue suspendida y todavía no hay fecha de reinstalación.

Al finalizar el análisis del proyecto se espera abrir un debate donde se recibirán las observaciones en el pleno y por escrito hasta tres días después. Todos estos aportes se incorporarán en un texto final.

La presidenta, junto con los miembros de la mesa legislativa, decidirá qué observaciones se incorporan y cuáles no. Luego se someterá a votación el texto final. (I)