El fallecimiento de los cuatro menores ocurrido durante un incendio en la cooperativa Los Vergeles, norte de Guayaquil, debe considerarse como una alerta para fortalecer de manera definitiva la formación pedagógica y salud mental  desde la niñez, para evitar que los adultos actúen con violencia en la búsqueda de una solución -que resulta errada- para sus conflictos, manifiestan algunos profesionales consultados.

El sociólogo Homero Ramírez, docente de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, tras analizar el incidente en que supuestamente individuos (hoy detenidos para investigaciones) prendieron llamas a una casa de caña para expresar su disgusto, concluyó que es fruto de la carencia de educación, tal vez como producto de un crecimiento inapropiado.

“La violencia crece en sectores donde no se satisfacen todas las necesidades. En los sectores marginales se dan casos como estos porque se quieren solucionar los conflictos de cualquier forma”, expresó Ramírez en referencia al incidente en que las pequeñas víctimas no pudieron escapar porque estaban solas y encerradas, pues según versiones de sus madres (dos de cada niño) salieron, una a trabajar y la otra a comprar en la tienda.

DATOS

El artículo 215 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone  protección mediante resolución judicial o administrativa, en favor del menor cuando se ha producido o existe el riesgo de una violación de sus derechos.

Una llamada al 911 o a la estación de Policía Comunitaria son dos de los canales para alertar sobre el abandono de menores.

El abandono es considerado un delito y ante ello la Dinapen pone a buen recaudo a los menores hasta que se evalúen sus condiciones realesMientras que el psicólogo Ernesto Quevedo, coordinador académico de la facultad de Psicología, declaró que la observación de este suceso y del que se registró en abril de este año, en La Floresta, al sur de Guayaquil, cuando en condiciones similares perecieron cinco niños (por el hecho hay una persona llamada a juicio), debe ser amplia para identificar los aspectos a mejorar en la educación de niños y adultos con el fin de evitar que actos de esta naturaleza se repitan.

Quevedo explicó que cuando las personas crecen en condiciones paupérrimas, sin escolaridad y sin las herramientas para que se edifiquen como gente de bien, se presentan estos casos. “Son luces de bengala que la sociedad dispara. Estos hechos deben ser tomados en cuenta para que las políticas públicas entren con más fuerza a prevenir la salud mental y social de las familias”.

Quevedo expuso que en la actualidad, pese a que estamos acostumbrados a enterarnos de hechos bruscos por cualquier medio, se puede rescatar que todavía somos sensibles ante situaciones donde los menores son los perjudicados.

Medidas preventivas

El cuidado de los menores es responsabilidad de sus padres pero se dan situaciones en que estos necesitan ayuda de los entes estatales, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Peggy Ricaurte, coordinadora de la zona 8 del MIES, manifestó que ningún menor puede estar solo y expuesto a cualquier riesgo y que para ello se trabaja en programas para fomentar la supervisión de sus progenitores.

Ricaurte detalló que si por asuntos laborales los adultos se ven obligados  a separarse momentáneamente de sus hijos y no tienen con quién dejarlos, están a disposición los Centros Infantiles del Buen Vivir donde pueden permanecer hasta que culmine la jornada normal de trabajo.

Sobre el incidente de Los Vergeles, suscitado el sábado a las 23:00, Ricaurte afirmó que los afectados reciben ayuda en todos los aspectos. También precisó que según las estadísticas mundiales más de 2.000 infantes mueren cada día por accidentes en sus domicilios, pero ello hizo hincapié en que nunca los dejen sin vigilancia.

Pero la ciudadanía tiene la responsabilidad de alertar a las autoridades cuando hay menores en abandono, sea dentro de sus propias casas o en las calles. La Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (Dinapen) es uno de los entes que tiene  competencia para resolver este tipo de casos y es donde la ciudadanía debe acudir.

El abandono es considerado un delito y ante ello la Dinapen pone a buen recaudo a los menores hasta que se evalúen sus condiciones reales y si es pertinente actúe un juzgado de la Niñez y Adolescencia, siempre precautelando la unión de la familia.

El artículo 215 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone medidas de protección mediante resolución judicial o administrativa, en favor del menor cuando se ha producido o existe el riesgo de una violación de sus derechos

Pero no es el único canal. Con llamadas al 911 o estación de Policía Comunitaria la gente puede advertir sobre desamparos, ya que allí gestionarán la atención inmediata.