Abogados y feligreses católicos consultados por los Medios Públicos coinciden en lo señalado  por el titular de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Eugenio Arellano, y la fiscal de la Unidad de Violencia de Género de Pichincha, Mayra Soria, en que de existir denuncias contra miembros de la Iglesia católica por casos de pedofilia u otro tipo de abusos, deben ser juzgados por la justicia común.

“Los sacerdotes no tienen ningún fuero de corte, la legislación ecuatoriana no lo determina en ninguna parte. Por tanto, deben ser juzgados de acuerdo a la ley, como corresponde en casos tan repudiables como la pedofilia, en donde la víctima es un niño”, dijo  el abogado Víctor Torres.

Aclaró que el hecho de ser curas no les da ninguna inmunidad, peor en casos de delitos de índole sexual. Por ello, dijo que quienes cometen estos delitos deben ser sancionados según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Criterio similar tiene el jurista Raúl Rocha. Resaltó que los abusos sexuales contra niños son “infames”, pero que, lejos de toda  venganza, lo que las autoridades deben hacer es aplicar lo que estipula la ley y ser procesados por la justicia común.

“Deben ser juzgados por la justicia ordinaria, porque sencillamente  son violadores, así sean sacerdotes. Son personas que tienen que responder ante la justicia por el mal que han causado a personas inocentes, a niños especialmente, a hombres y a mujeres también. Tienen que afrontar el máximo rigor y peso de la ley”, remarcó Rocha.

El profesional del Derecho Juan Crespo Santos coincide en que los clérigos implicados en abusos de menores y demás delitos sexuales en el país deben ser juzgados sin ningún tipo de privilegio, tal como lo determina la normativa vigente (COIP), más en casos de pedofilia, en donde está de por medio la integridad de un niño.

“La justicia común debe sancionar conforme a derecho, sin distinción de rango o religión, a todos los involucrados en un delito tan execrable como lo es la pedofilia”, remarcó.

Manifestó que darles fuero a los curas implicados, no procesarlos ni sancionarlos, o simplemente trasladarlos de jurisdicción para aplacar el escándalo, es como premiarles por lo hecho.

“Deben someterse a las leyes de los hombres, purgar en una cárcel común, porque cometieron un delito que va en contra de la integridad física y mental de un niño”, aseguró Crespo.

Es partidario de que tanto a la víctima como al victimario se les debe dar tratamiento sicológico. “Los violadores son enfermos y se los debe tratar desde la parte sicológica”, manifestó.

Olga López, creyente católica, dijo  que los sacerdotes implicados en estos delitos deben responder ante jueces, afrontar un proceso penal y recibir una condena basada en la ley. Pero aclaró que no se debe generalizar, pues “no todos los curas son violadores, la mayoría son seres humanos que también aportan y ayudan a la sociedad”. (I)