El 7 de diciembre de 2018, el ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), José Iván E. M., de 35 años, era detenido en su residencia, en la urbanización privada Vista Sol, por una presunta investigación de lavado de activos.

La orden venía de la Fiscalía de Quito. La acción legal se basó en un informe con indicios de responsabilidad penal del período 2012-2016, emitido por la Contraloría, así como un reporte de operaciones inusuales e injustificados de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entre 2010-2016.

Por este delito fue procesado y reducido a prisión preventiva junto a Walter A. y luego se vincularon a otras dos personas por su presunta participación en lavado de activos.

Según la Fiscalía, durante 2013 y 2014, José Iván E. evidenció situaciones inusuales en sus actividades económicas, tras la adquisición de un bien inmueble valorado en  $335.000. Una parte fue cancelada con un préstamo hipotecario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y el resto en efectivo; pagos que los efectuó Walter A., a través de una empresa constructora.

La Fiscalía identificó irregularidades en los movimientos bancarios de Iván E., quien no presentó documentos de respaldo de sus cuentas de ahorro y corriente, calculados en $ 63.000.

Ya en el juicio por lavado de activos, la fiscal Ivonne Proaño consiguió que el tribunal sentencie a 10 años de cárcel a José Iván E. M.

Sin embargo, la sentencia aún no está ejecutoriada, por un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia.

Peculado y enriquecimiento
De este proceso se abrieron otras dos causas. El 27 de abril de 2018, el exfuncionario y 12 personas más fueron imputados por peculado.

Esta causa se fundamentó en otro informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría, cuando José Iván E. se desempeñaba como subdirector de Control de Seguros de Salud y director Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El informe correspondía al período de 1 de julio de 2012 al 31 de agosto de 2015.

La Fiscalía investigaba  un presunto sobreprecio y el pago de facturas emitidas por médicos de clínicas privadas por la atención prestada a los afiliados del Seguro Social.

Según el informe de Contraloría se presumía un perjuicio económico al Estado de $ 40 millones.

En la audiencia de juicio, el tribunal declaró inocente a los procesados en esta causa, pues -según los tres jueces- no se comprobó el delito.

Pero el 27 de noviembre del año 2019, la Fiscalía, Contraloría, IESS y Procuraduría apelaron a esta sentencia. La Sala de la Corte resolvió declarar la nulidad parcial del proceso de primera instancia a partir del impulso fiscal número 21 del 8 de junio del 2018.

La defensa del exdirector del IESS planteó un recurso de hecho que lo resolverá la Corte Nacional de Justicia.

El 20 de noviembre de 2018 se abrió la tercera causa a José Iván E.M. Esta vez por enriquecimiento ilícito.

Para la Fiscalía, el peritaje contable efectuado al patrimonio del excandidato presidencial, determinó que $ 90.000,00, no fueron debidamente justificados dentro de su declaración de bienes.

Esto se refiere a la adquisición de un bien inmueble ubicado en la vía a Samborondón valorado en $370.500; un vehículo avaluado en $ 36.221; movimientos en tarjetas de crédito por $ 108.520 y cuentas bancarias por $ 63.450.

En la audiencia preparatoria de juicio, la fiscalía tiene un revés en esta causa. El juez Jorge Martínez resuelve declarar la nulidad del proceso a partir de la audiencia de formulación de cargos y ordena la libertad del imputado. La apelación a esta resolución se resolverá en abril.  

Defensa gana en dos juicios

Para César García, abogado defensor de José Iván E. M., ganaron en dos procesos de los tres. En  enriquecimiento ilícito “logramos la nulidad, porque se declaró que había doble juzgamiento; y ahora está en apelación”.

También en el caso de peculado se ratificó la sentencia de su defendido. “Se declaró la nulidad. Seguramente, la Corte Nacional de Justicia enmendará el error”, dijo.

Y en el proceso de lavado de activos hay una condena,  contra la cual se planteó un recurso de casación que “esperamos nos sea favorable”. “Es evidente que se trata de una persecución orquestada por el poder judicial y la Fiscalía. Hay una persecución de carácter político en contra de él”, sostiene. Ya tiene 23 meses en prisión. (I)