La Corte Constitucional expresó su preocupación frente a los recientes hechos denunciados de una supuesta red de tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos, que involucra a exfuncionarios públicos, entre ellos a una exjueza de este organismo.

En un comunicado, la CC deplora que "la corrupción haya sido una práctica generalizada y que ésta se inicie en las más altas esferas de gobierno".

Le preocupa que una de las supuestas involucradas sea la exvicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, cesada a fines de agosto del 2018, "situación que empaña aún más el trabajo realizado por esa administración".

Se refiere así a Pamela M., quien fue detenida la madrugada del sábado 4 de mayo en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, cuando pretendía abandonar el país.

Esta ciudadana fue asesora del gobierno de Rafael Correa y posteriormente jueza de la Corte Constitucional. Junto a Lorena T., también exasesora presidencial, están en prisión preventiva y se enfrentarán a una pena de 14 años o más.

En su manifiesto, la Corte Constitucional señaló que una de las primeras acciones administrativas de la nueva administración fue dar por terminado, de manera unilateral, el contrato de arrendamiento de la sede en Guayaquil ($13 mil mensuales más IVA), que se lo mantenía con el Colegio de Abogados de dicha ciudad, cuyo presidente es el esposo de una supuestas involucradas. "Esta decisión significó un considerable ahorro mensual para la CCE", apuntó. 

LLamó a la Fiscalía y Contraloría a investigar, cada uno en su campo, las acciones de los supuestos involucrados y su paso por la función pública, sea en la Presidencia de la República o en la Corte Constitucional, y "que se los sancione de acuerdo a derecho".

Finalmente, reiteró sus líneas de su accionar "basadas en la independencia, transparencia y cero tolerancia a la corrupción, celeridad y calidad en sus sentencias". (I)