Corte Constitucional admite a consulta el caso de ataque a familia en aislamiento voluntario
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional (CC) avocó conocimiento de la consulta sobre el caso del ataque y muerte de integrantes de familias en aislamiento voluntario, ocurrido en la provincia de Orellana, el 30 de marzo del 2013, informó hoy la Fiscalía, a través de un comunicado.
Esto surge luego de que el juez de Garantías Penales de Orellana, Álvaro Guerrero, remitió la consulta a la CC sobre la aplicabilidad de una posible pena a los procesados por su presunta participación en delito de genocidio.
La consulta fue solicitada por la Fiscalía General del Estado durante la audiencia del 25 de marzo del 2014, por considerar que existiría una inconstitucionalidad de ley con relación a la sanción establecida en el Código Penal para la comisión del delito de genocidio.
El Código Penal, en el capítulo relativo a los delitos de genocidio y etnocidio, establece que la pena será de 16 a 25 años de reclusión mayor extraordinaria.
Mediante resolución del 14 de abril pasado, el juez de Garantías Penales de Orellana, Álvaro Guerrero, emitió y envió el texto de la consulta a la CC. En el documento el magistrado señaló que llegó “a la conclusión de que existen motivos suficientes para generar una duda razonable y motivada respecto de la constitucionalidad de la aplicación en el presente caso…”.
Hasta la fecha hay 17 personas inculpadas, seis de ellas se encuentran con prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos, bajo un régimen especial de visitar, alimentación y más.
El fiscal General, Galo Chiriboga, dijo que esa sanción que, en el caso de aplicarse sin el debido análisis, no cumpliría con la obligación de considerar que los procesados pertenecen a una nacionalidad indígena. Es decir, que se debería observar elementos culturales relacionados con sus costumbres y prácticas ancestrales (interpretación intercultural).
Una vez que se avocó conocimiento, la CC, mediante un sorteo, designará a uno de sus jueces para la sustentación de la causa. El Juez Constitucional asignado para esta diligencia podrá invitar a entidades públicas, universidades, organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso, para que presenten informes técnicos.
Para este proceso también se podrá recibir propuestas de diferentes organizaciones, antropólogos y más expertos para contar con los elementos jurídicos, culturales, antropológicos y en derechos humanos que le permitan recomendar una medida de solución al caso.
