Para el jueves 31 de mayo fue diferida la audiencia de procedimiento abreviado por el presunto delito de asociación ilícita, en el caso de corrupción en el que están procesados exfuncionarios del Ministerio del Interior.

La diligencia debía desarrollarse este lunes 14 de mayo en el Complejo Judicial, pero en las últimas horas fue diferida por razones no precisadas.

Se trata de una red de corrupción que habría operado en el Ministerio del Interior, desde 2014, por el que seis personas están vinculadas. De ellas, cuatro se encuentran con medidas sustitutivas y dos ya salieron del país.

Luego de tres meses de investigaciones, el miércoles 1 de noviembre de 2017 la Fiscalía recibió autorización para efectuar nueve allanamientos en Quito.

Estos se realizaron en domicilios de El Condado, Cumbayá y en la av. De los Granados, además en oficinas de los ministerios del Interior y de Agricultura, por el presunto delito de asociación ilícita para cometer concusión.

En los operativos fueron detenidas cuatro personas, Boris P., director administrativo del Ministerio del Interior; su esposa, María E.; Byron Z., director financiero del Ministerio del Interior; y David Y., gestor de la Casa de la Asamblea en Pichincha y exasistente de la Presidencia de la Asamblea en el anterior período.

Mientras que Paula C., excoordinadora administrativa financiera del Ministerio del Interior, quien dejó el cargo en noviembre de 2015; y su exesposo Eduardo N. no pudieron ser detenidos porque abandonaron el país.

La fiscal encargada del caso, Claudia Romero, reveló que la investigación empezó luego de que un contratista denunciara que algunos funcionarios cobraban comisiones de 10% para agilizar los contratos y de prueba entregó un número telefónico del cual recibía las propuestas.

Durante la audiencia de formulación de cargos reveló que los contratos que están bajo sospecha se relacionan con la compra de caballos para la Policía, revisión mecánica de patrulleros, el cambio de kilometraje de carros, adquisición de chalecos, autos y municiones, entre otros.

“La Contraloría tiene conocimiento de estos hechos”, manifestó la fiscal. (I)