Correos filtrados eran sobre laudos internacionales
La información que estaba en las computadoras incautadas luego de los allanamientos efectuados el 26 y 27 de diciembre pasado a la oficina del asambleísta Cléver Jiménez y de su asesor Fernando Villavicencio correspondía a correos electrónicos confidenciales del Presidente de la República con altos funcionarios de Gobierno.
En estas comunicaciones el presidente Rafael Correa trataba reservadamente las estrategias jurídicas para enfrentar los juicios planteados a transnacionales como Chevron y Oxy, lo cual además es un tema sensible que implica un impacto económico para el país.
Por tal motivo los investigadores están tratando de descubrir la manera cómo el Asambleísta y su asesor pudieron acceder a los correos electrónicos que intercambiaba el Presidente con el asesor jurídico de la Presidencia Alexis Mera, así como los mensajes que éste enviaba a su vez al procurador General del Estado, Diego García.
Al respecto, Jiménez indicó que recibió información de manera anónima y que jamás la divulgó, por lo que no ha cometido ningún delito, sin embargo la multinacional Chevron intentó utilizar esta información recogida por el Asambleísta con los correos electrónicos interceptados al Primer Mandatario, en el juicio “Rico” que sigue la compañía petrolera contra las comunidades de la Amazonía ecuatoriana en Nueva York en su intento por evitar el pago de la indemnización de 9.600 millones, ordenado por la justicia ecuatoriana por 20 años de contaminación de la selva.
Finalmente la Corte rehusó a que esta supuesta evidencia sea tomada en cuenta, ya que constituía correspondencia privada del Presidente de Ecuador.
Por eso al momento los peritos revisan cómo pudieron hackear las cuentas de los funcionarios y porqué tenían esta información reservada para así determinar si fue robada.
El presidente Rafael Correa anunció que planteará un juicio penal en contra de Jiménez y Villavicencio una vez que los peritos terminen de analizar el contenido de las computadoras. Este análisis, según informaron, tomará aproximadamente tres semanas luego de lo cual el equipo jurídico de la Presidencia presentará la denuncia formal con el tipo penal por el cual serán enjuiciados.
El asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, adelantó que el delito de espionaje está sancionado en el Código Penal hasta con seis años de prisión.
