La ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que los hechos de violencia sucedidos el jueves 30 de mayo en la Penitenciaría del Litoral (muerte de 6 reos) están relacionados, entre otras razones, con el endurecimiento de controles implementados en el sistema de rehabilitación social en el marco de la emergencia y de la aplicación del decreto de estado de excepción con miras a solucionar la crisis del sistema carcelario.

La Ministra indicó que lo que actualmente acontece en los centros de rehabilitación social (CRS) “es una crisis que se ha cocinado durante muchos años” por el hacinamiento “y porque en un tiempo determinado se crearon cuerpos especiales de seguridad aislados”.

Al respecto, Romo dijo que el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) por un lado regula a las FF.AA. y por otro a la Policía Nacional, y crea otro grupo de atención de las cárceles: esto es parte de la crisis que se está viviendo en el sistema penitenciario.

El hacinamiento es más del 40% del sistema en general y hay cárceles en donde rebasa el 200%. Romo señaló que este cuerpo a cargo del control de la seguridad de las cárceles “tiene grandes dificultades y debe ser apoyado”.

El Coescop retiró a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior y en su momento a las distintas instancias que fueron creadas, la responsabilidad del tema penitenciario.

Finalmente, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores se queda a cargo del cuerpo de seguridad.

“Eso significa que en este momento tenemos este cuerpo de guías penitenciarios con unas 1.500 personas que no tiene relación directa ni con la Policía ni con las FF.AA.”, indicó.

El estado de excepción no cambia la realidad de un día para el otro
“Lo que estamos viendo hoy día en las cárceles bien podría estar relacionado con las decisiones que se están tomando. Si bien no es responsabilidad directa del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional, esta es una crisis que no es solamente de la secretaría responsable. Esta es una crisis del Estado y, por lo tanto, todos estamos participando y todos estamos asumiendo tareas en el marco de esta emergencia […] parte de resistir el embate de estas organizaciones criminales precisamente se está reflejando en estos nuevos hechos de violencia”, resaltó.

Añadió que la Corte Constitucional declaró constitucional la emergencia, lo que permitirá poner en marcha inmediatamente nuevos mecanismos que estaban a la espera de este pronunciamiento.

Respecto a la participación de la fuerza militar, aclaró que la Policía Nacional -que no está a cargo de la seguridad interna de las cárceles- se encuentra en los perímetros y en algunos filtros, además de las zonas de máxima seguridad.

La Policía reforzará su presencia en máxima seguridad y se espera que las FF.AA., al hacerse cargo de los perímetros y el primer filtro, puedan liberar más de 2.000 policías para que fortalezcan el sistema, remarcó.

Romo también señaló que el tema también tiene que ver con autoridades de justicia y con disputas de territorio entre organizaciones criminales, al interior y fuera de las cárceles, “que están sintiendo una actuación cada vez más rigurosa de la Policía”.

Frente a posibles incidentes futuros indicó que, si bien “estos incidentes no se pueden prever, sí se pueden evitar, y es nuestra obligación hacerlo. Y cuando digo ‘nuestra’, me refiero a todo el Estado”. Y en el caso de la Policía Nacional, en el marco de sus competencias se redoblarán los esfuerzos en cada centro penitenciario. (I)