Desde 2005 hasta 2017, la Contraloría General ha remitido a la Fiscalía del Estado 2.214 informes especiales (auditorías) con indicios de responsabilidad, de los cuales, solo el 5,3% (118 casos) recibió sentencia condenatoria durante 12 años.

Del total, el 91,1% (2.019 informes) se relacionan con peculado, un delito que el artículo 233 de la Constitución estipula: “Ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”.

“Los servidores públicos y delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetos a sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de los acusados. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas”.

Le siguió el delito de enriquecimiento ilícito, con 102 informes de Contraloría y 82 por falsificación de documentos (ver gráfico).

De información que consta en la web de Contraloría se desprende que de los 2.019 casos de peculado identificados en 12 años, 697 no pasaron de la etapa de indagación previa en la Fiscalía General.

El artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en lo referente al peculado estipula: “Los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón del cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años”.

Con respecto a los 102 casos de presunto enriquecimiento ilícito detectados por Contraloría en este lapso, 56 tampoco pasaron de la etapa de indagación (ver gráfico).

Ello, pese a que el COIP señala que para ejercer la acción penal por peculado y enriquecimiento ilícito, “constituye un presupuesto de procedibilidad que exista un informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal emitido por Contraloría.

Existieron informes, pero durante  12 años se estancaron en la Fiscalía General del Estado.

Autonomía y personal fiscal es insuficiente frente a corrupción

Mariana Yépez, exfiscal general, en entrevista con EL TELÉGRAFO en enero pasado, confirmó que desde la Contraloría del Estado han remitido a la Fiscalía centenares de informes con indicios de responsabilidad penal, entre ellos, el de la auditoría a la deuda externa, donde hay ciertas facetas, como la preventa petrolera.

La dinámica de trabajo consiste en que la Fiscalía abre investigaciones previas para todos los informes de Contraloría, pero se quedan en la etapa de investigación previa y (antes) nunca se tomó  una decisión.

“Me extraña que no tomen en cuenta esos informes para hacer una investigación más corta, porque existen elementos suficientes para formular cargos e iniciar los procesos”, manifestó en este sentido Yépez.

De allí que resaltó que es complicado ser Fiscal General debido a la cantidad de procesos e investigaciones. “Hay hechos vinculados a la política y no olvidemos casos de corrupción que, como nunca antes, han proliferado en el gobierno anterior (de Rafael Correa). Cualquier tema que tocamos tiene corrupción y eso alude a la justicia penal a la Fiscalía. El éxito o fracaso de un proceso está en la Fiscalía”.

Francisco Bravo, expostulante a Contralor y actual consejero alterno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), espera que esto cambie bajo el liderazgo de la actual fiscal  Diana Salazar.

Este y otros analistas consultados coincidieron en decir que el trabajo ha sido lento en la Fiscalía General y que los casos se han estancado más de una década por, entre otros factores, la falta de agentes fiscales y por la inacción de las propias autoridades de turno (ver cronología).

La norma internacional dice que por cada 100.000  habitantes debe haber 12 fiscales, lo cual no se cumple en el país, pese a que la Fiscalía es la clave para investigar actos de corrupción que van en desmedro del Estado y, por ende, de los recursos públicos que son de todos los ecuatorianos.

Marcelo Merlo, excontralor general del Estado (1984-1988), indicó al respecto que en el país hay casi 5 fiscales por cada 100.000 habitantes (42%), lo que significa un déficit de 58% para cumplir la recomendación de la norma internacional (ver subtema).

Aclaró que el déficit de fiscales no se produce de la noche a la mañana. “En provincias como Manabí, donde hay violencia, existen 2,62 fiscales por 100.000 habitantes, en cambio en Bolívar hay 6,7 por 100.000”, ilustró a la prensa.

Respecto a si le falta autonomía a la Fiscalía, Yépez y Bravo explicaron que en la Constitución de 1998 constaba que era una función independiente de los demás poderes. Pero esa autonomía se perdió con la Carta Magna de 2008 aprobada en el régimen de Correa: pasó a depender del CJ, pese a que Fiscalía no puede esperar que el CJ haga todo: organizar los concursos y controlar la carrera fiscal.

El trabajo se ha incrementado en casos de corrupción, lo cual requiere de fiscales adjuntos y distritales, para despachar causas y revisar los informes de Contraloría.

“¿Por qué no se ha aumentado el número de fiscales que conozcan y tengan asesores?”, se preguntó Yépez. Explicó que, por ejemplo, los temas petroleros y de la deuda son muy importantes y requieren de fiscales con conocimiento científico, expertos en el tema. (I)