La nueva directora general del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal), Gissela Dávila Cobo, solicitó a la Contraloría al asumir sus funciones una auditoría de la gestión comprendida entre 2014 y 2017.

En ese período se desempeñó como director general Francisco Sierra Caballero, quien se encuentra al momento en España.

La Contraloría hizo un examen especial a los ingresos, gastos y su utilización respecto a los recursos transferidos por el Estado a Ciespal y entidades relacionadas.

Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, Ciespal recibió transferencias del Estado, previo a la firma de convenios interinstitucionales y contratos, por $10’173.034,80, de los cuales se analizaron $4’765.056,59.

“En marzo de 2018 la Dirección General  pidió la auditoría, porque se iniciaba una nueva administración y corresponde conocer el estado en que se recibe la institución”, explicó Karina Muñoz, funcionaria de Comunicación de Ciespal.

Aunque se emitió un informe definitivo en este tema, para ella el proceso de auditoría aún no está concluido por la Contraloría, pues deben establecerse  las  responsabilidades administrativas y civiles (glosas).

Esto fue corroborado por Contraloría, al señalar que los abogados de la institución analizan los exámenes especiales para predeterminar las responsabilidades administrativas y civiles.

Para eso dan 30 días a los supuestos implicados para el descargo de las glosas.

Responsabilidad penal
Según Contraloría, en ese informe definitivo se encontraron indicios de responsabilidad penal y por ello se remitió a la Fiscalía para que inicie una investigación.

De acuerdo con las conclusiones del informe, la institución académica desembolsó $ 320.047,32 sin documentos de sustento y sin que se enmarquen en los objetivos de los convenios.

Esto sucedió porque los directores generales no supervisaron ni controlaron la administración financiera y económica de los fondos públicos, señala el reporte suscrito por María Fernanda Larco, directora nacional de Auditoría de los Sectores Sociales, encargada.

Sueldo sin trabajar
En el informe también se establece que el exdirector de Ciespal, Francisco Sierra, recibió un pago no justificado de $ 45.892,40, que fue cancelado con recursos del Estado.

El exfuncionario autorizó su cambio de modalidad laboral sin aprobación del Consejo de Administración. También permaneció fuera del país y no presentó productos ni las actividades cumplidas en el exterior que sustenten esos pagos.

Además autorizó su propia acta de finiquito sin haber renunciado al cargo sino hasta siete meses después.

El exdirector autorizó su pago por servicios profesionales como consultor académico y como representante legal de Ciespal, sin que se verifiquen las actividades cumplidas como parte de sus obligaciones.

De febrero a junio de 2017, Sierra estuvo fuera del país  y cobró remuneraciones sin que haya evidenciado con documentos las funciones o actividades ejecutadas para Ciespal. Los directivos no controlaron esta situación.

Pagos sin sustento legal
También se cancelaron remuneraciones no justificadas por $ 168.587,41 a personal de la Fundación Medialab Quito, que no pertenece a la estructura orgánica de Ciespal y es una entidad de derecho privado.

Además, con recursos del Estado se cancelaron pólizas de seguros sin sustento legalpor $ 90.403,59.

El informe señala la adquisión de 15 computadoras portátiles, de las cuales no se encontraron siete, tres no tenían documento de entrega y una fue vendida en $ 470 al exdirector del Ciespal.

La Contraloría explicó que  las personas, en este caso funcionarios de Ciespal, pueden solicitar una revisión de las glosas establecidas por la entidad de control. (I)