Todo funcionario que haya recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por una contravención o delito de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, mientras se encontrare en el desempeño de su puesto, cargo, función o dignidad, estará prohibido de ejercer cargo público alguno por dos años, y de forma definitiva en la institución estatal en la cual venía laborando.

Esta es la propuesta entregada el 25 de noviembre de 2016 por el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, a la entonces titular de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, durante una ceremonia de develamiento de una placa que recuerda a las víctimas de femicidio y sus familias en Ecuador.

El proyecto, donde se establece que la prohibición se aplicará incluso cuando se trate de contratos de servicios profesionales u ocasionales, implica reformas a los artículos 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep); y 77 y 100 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

Según Jalkh, el planteamiento tiene como propósito fortalecer el combate a la impunidad relacionada con actos de violencia de género al señalar que es necesario contar con una legislación penal adecuada y rigurosa que permita al agresor reflexionar sobre sus acciones, más aún cuando se trata de alguien que desempeña un cargo público.

Considera que la violencia de género es una pandemia en el planeta y por ello los Estados deben comprometerse con políticas públicas para enfrentar esta problemática. 

Recordó que tipificar el femicidio en la normativa penal ecuatoriana no fue fácil y requirió de un amplio diálogo con la sociedad civil.

Dijo que esto sirvió para visibilizar un problema y graficar un compromiso social que busque erradicar y no dejar en la impunidad la violencia contra la mujer. “En nuestra área de competencia, el compromiso absoluto es cero impunidad, no solo al femicidio, sino a toda forma de violencia intrafamiliar”.

El trámite está pendiente

El 27 de abril, el expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Mauro Andino, al presentar el informe de rendición de cuentas del período legislativo 2013-2017 admitió que el proyecto de ley presentado por el CJ está para trámite.

El actual vicepresidente de la mencionada comisión, Franklin Samaniego, reveló que cuando los nuevos legisladores comenzaron a trabajar en el organismo, el pasado 25 de mayo, definieron prioridades. “Hay que ir trabajando, analizando el tema, aspiramos a que hasta diciembre podamos tomar resoluciones sobre cada propuesta”, dijo.

El legislador explicó que el trabajo de la comisión ha sido arduo y fructífero en este poco tiempo en funciones. “Hemos entregado el Código Administrativo, la ley que viabiliza los paraísos fiscales, este momento estamos con las reformas al Código de la Niñez y están en análisis dos sentencias de la Corte Constitucional, en donde se habla de la erradicación de las formas de violencia contra la mujer y el tema del cambio de sexo en las personas transexuales”.

La asambleísta Karla Cadena, integrante de esta mesa legislativa, anticipó que todo lo que se relacione con erradicar la violencia contra la mujer será prioritario, por lo que incluso podría adelantarse el trámite de la mencionada ley. (I)