Comisión 30-S alista informe que será entregado a Correa
A un mes de que concluya la prórroga de 6 meses, los miembros de la Comisión 30-S alistan el informe sobre las investigaciones de los hechos suscitados el 30 de septiembre de 2010, que será entregado, antes del 10 de junio, al presidente de la República, Rafael Correa Delgado.
En diciembre del año pasado los comisionados solicitaron una prórroga al Primer Mandatario para la continuación de las investigaciones y ubicar a los instigadores de la rebelión policial.
Carlos Baca Mancheno, presidente de la Comisión, junto a los otros miembros Óscar Bonilla y Diego Guzmán, deberán reunirse con el presidente Rafael Correa para presentar el reporte.
El Decreto Ejecutivo No. 22, que creó la Comisión, reseña que su tarea consiste en realizar una investigación profunda de los hechos del 30 de septiembre de 2010, en especial de sus autores intelectuales y materiales. Sus conclusiones deberán ponerlas a consideración de la Fiscalía General del Estado.
Desde el 10 de junio de 2013, cuando la Comisión entró en funciones, ejecutó su trabajo en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ministerios del Interior y de Defensa, entre otras entidades.
Los comisionados han efectuado aproximadamente 350 reuniones de trabajo para la obtención de información y datos, durante las cuales se entrevistaron con militares, policías, periodistas, gobernadores, familiares de víctimas y ciudadanos en general.
La labor también consistió en revisar cerca de 20.000 fojas, 15.000 publicaciones de prensa y 300 piezas audiovisuales, por lo que se implementó un sistema digital de manejo documental para el procesamiento de la información.
Hipótesis
Entre las principales hipótesis que se plantearon en la investigación de la Comisión 30-S está que los hechos de ese día nacieron de un proceso planificado para ejecutar un golpe de Estado.
Así, días antes de los hechos, se provocó malestar en algunos miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, a través de la desinformación sobre los alcances de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que se discutía en la Asamblea Nacional.
Durante la insubordinación se produjeron actos de vandalismo y saqueos, así como la toma de edificios públicos, y el intento de obstaculizar el rescate del Presidente, con una tentativa de magnicidio.
Después de estos hechos que conmocionaron al país, el fiscal Galo Chiriboga, en una de sus entrevistas dejó entrever que incluso el cuerpo policial de esa época intentó dejar en la impunidad estos casos.
Esta dispersión procesal fue uno de los principales problemas que afrontó la Comisión en los primeros 6 meses de trabajo, expresó Carlos Baca, cuando recibió la prórroga de funciones en diciembre pasado.
Más de 50 causas, entre abiertas y cerradas de Pichincha, Guayas, Los Ríos, Tungurahua, Orellana, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura, fueron revisadas por los comisionados, quienes también analizaron el discurso de la prensa.
