Los familiares de niños y jóvenes víctimas de violaciones no están conformes con el cumplimiento que se da al informe Aampetra.

El malestar lo manifestaron tras conocer un reporte de labores de los directivos del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII).

La Comisión Aampetra, que analizó los casos de agresiones sexuales en unidades educativas, redactó seis recomendaciones. El CNII implementó acciones en cada una de ellas.

Nicolás Reyes, secretario Ejecutivo del CNII, acudió el miércoles último a la Comisión Ocasional de la Niñez para detallar esa labor.

 La primera recomendación fue solicitar información a las instituciones competentes.  Así, el Consejo para la Igualdad pidió a la Fiscalía “observar el interés superior del niño”; y se emitieron 31 requerimientos de acciones de protección y sanciones administrativas al Ministerio de Educación.

 Reyes dijo que entre 2014 y 2019, el CNII conoció, a través de fuentes oficiales, 31 casos de violencia sexual reportados en el sistema educativo que fueron denunciados.

 La segunda recomendación de Aampetra fue contar con procedimientos específicos en casos de violencia sexual contra menores de edad.

El funcionario de CNII dijo que su institución reformuló la metodología de observancia para detectar con eficiencia los casos de amenaza o violación.

 La tercera promueve campañas informativas, las cuales se impulsaron entre agosto de 2018 y julio de este año.

La cuarta plantea políticas públicas de prevención y atención. Según Reyes, se mantiene en observación la aplicación del protocolo de actuación por el Ministerio de Educación.

La quinta sugiere seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Para ello, elaboran propuestas de reformas al Código de la Niñez, a la Ley de Educación Intercultural y al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La sexta contempla la creación de Consejos y Juntas Cantonales de Protección de Derechos. El CNII entregó los resultados del diagnóstico de los organismos del Sistema de Protección de Derechos Local, a las nuevas autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados.

Carece de hoja de ruta
Amparo Molina, representante de la Coalición contra el Abuso Sexual a la Niñez, calificó como positivo que haya resultados sobre estos casos de delitos sexuales, un año después de que se aprobara el informe Aampetra.  Pero -a su juicio- las autoridades carecen de hoja de ruta para mantener estas políticas.

 Eugenia Witt, integrante de la Fundación Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, también consideró que estas acciones resultan leves.

Mencionó que entre enero y marzo de 2019 se receptaron 774 casos por violencia sexual contra menores en escuelas. “Eso representa que cada tres horas se violenta a un niño en cada país”.

Similar inquietud expresó Patricia Espín, quien lidera la lucha por el caso de violación en el instituto Cebi de Ambato. “No existe interés por parte de las instituciones que manejan la justicia”.

Para Silvia Salgado, quien presidió la Comisión Aampetra, es comprensible el sentimiento de inconformidad por parte de las dirigentes.

Advirtió que nunca serán suficientes las acciones en comparación con el sufrimiento que han vivido.

Si bien el informe marca el inicio de un nuevo momento, todavía marcha lentamente la implementación de las recomendaciones, sostuvo la asambleísta. “El avance depende de las personas a cargo y de su compromiso”. (I)