CNJ niega recurso de casación en caso Central Técnico
La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negó hoy el recurso de casación interpuesto por ocho exestudiantes del colegio Central Técnico de Quito, quienes fueron declarados culpables por presunto delito de rebelión.
En esta diligencia, el tribunal conformado por el juez Paúl Íñiguez y los conjueces Édgar Flores y Efraín Duque, escucharon el argumento de Washington Serrano, abogado de ocho demandantes de los 12 jóvenes que fueron sentenciados a un mes de prisión por el Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha, en septiembre de 2013. Este fallo fue ratificado por la Primera Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, en segunda instancia.
El 22 de febrero de 2013 decenas de estudiantes del Colegio Central Técnico iniciaron un protesta por el posible cambio de nombre de Instituto Técnico Superior a Unidad Educativa.
Por estos disturbios fueron detenidos 67 estudiantes, de los cuales 12 eran mayores de edad, quienes fueron trasladados hasta el Centro de Detención Provisional (CDP), donde permanecieron 35 días.
Además, se les negó medidas sustitutivas a la prisión preventiva y el amparo de libertad.
En la diligencia de hoy, Serrano explicó a los magistrados que en la sentencia nunca se individualizó a ninguno de los posibles participantes durante la manifestación, ocurrida en las dependencias del establecimiento educativo. Reconoció que hubo graves daños por parte de los alumnos que salieron de la institución educativa, lo que causó destrozos en bienes públicos y privados.
No obstante, reiteró que en las investigaciones de Fiscalía hubo algunas irregularidades. Por ejemplo, dijo, uno de los policías mencionó que fue agredido alrededor de las 09:30, pero luego agregó que los disturbios iniciaron a las 10:00. "Hubo varias contradicciones que determinaron que las versiones no representa que los procesados sean los reales responsables", indicó.
José García Falconí, representante del fiscal General Galo Chiriboga, señaló que los argumentos de Serrano son alegatos que tuvieron que presentarse en primera instancia y advertir que no se individualizó el juzgamiento. Por lo tanto, manifestó, "no se quebrantó el proceso".
La resolución de los demandantes generó indignación. Al finalizar la diligencia David C., uno de los apelantes señaló estar dispuesto a ir hasta las instancias necesarias para limpiar su nombre. "Esta situación me causó muchos problemas. No se me ha hecho fácil buscar trabajo, siento problemas emocionales y psicológicos", comentó.
"Se violó el derecho a la integridad personal de los jóvenes al momento de la detención, además del principio de presunción de inocencia, sin contar además que en un primer momento fueron declarados inocentes, pero otro fiscal rechazó la resolución y reabrió el caso", comentó Serrano y agregó que acudirá a tribunales internacionales para apelar la resolución de la Corte.
Sonia M., madre de Carlos Andrés C., también se quejó sobre el fallo. Ella opinó que además del proceso penal por el que pasó su hijo también tuvo que sufrir sanciones por los procesos administrativos al interior del plantel educativo.
