Clínica de rehabilitación resultó ser un local de víveres
Un piquete de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) rompió con la rutina de los habitantes del sector del Colegio Paulo VI, al sur de Quito.
Alrededor de las 15:00 de hoy, los agentes de control llegaron resguardando al fiscal Fabián Salazar, quien llevó una orden de allanamiento.
La disposición fue para constatar el funcionamiento de una clínica clandestina en donde, presuntamente, se encontraba secuestrada Sandra Z.,una joven de 25 años.
El supuesto centro de rehabilitación se encontraba en la esquina de la calle Huasares y Zaruma.
La denuncia fue presentada por Alejandra Salazar Cobos, expareja sentimental de la mujer, cuya relación duró alrededor de 5 meses.
De acuerdo a la acusación de Salazar Cobos, Sandra fue internada en la clínica de rehabilitación para tratar su homosexualidad.
Al llegar al lugar, el fiscal determinó que ahí funcionaba una tienda de abarrotes y al fondo del local se estableció un pequeño centro técnico para reparar televisores. No hubo ningún centro de rehabilitación.
El fiscal constató que efectivamente Sandra Z. se encontraba en la vivienda, junto a su padrastro Segundo O., su madre Martha Y. y su hermano menor.
«Mi hija vive aquí porque terminó la relación con su pareja. Hace meses salió a vivir con ella y ahora regresó por su voluntad», explicó la madre.
Sandra es ingeniera, graduada de la Universidad Cristiana Latinoamericana. Sus padres comentaron que nunca han interferido en la relación de su hija, pero aseguraron que su expareja la manipulaba. «Ella no deja que llame a su familia y le explotaba porque mi hija le mantenía» comentó la madre.
El fiscal Salazar ordenó a los padres y a la hija trasladarse hacia la Fiscalía de la Patria y Doce de Octubre en donde rindieron su declaración. Ahí el Fiscal indicó a la madre y al padrastro de Sandra que serán convocados para una declaración, posiblemente, para enero de 2014.
Sandra no regresó con sus padres. Se quedó bajo resguardo del personal del Ministerio Público para iniciar investigaciones.
Luego de que la Fiscalía retiró su personal del local de víveres, los vecinos del sector se quejaron. «No es justo que vengan tantos policías a abrir las puertas en la casa de una familia decente. Aquí solo hay una tienda», comentó Héctor Pérez, habitante del sector desde hace 60 años.
