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Vecinos solicitan que se derroque la casa donde fallecieron 10 adictos

Una de las víctimas vivía a una casa de distancia de la clínica que se incendió el sábado 12 de octubre, en el sur de Guayaquil.
Una de las víctimas vivía a una casa de distancia de la clínica que se incendió el sábado 12 de octubre, en el sur de Guayaquil.
Foto: Karly Torres / El Telégrafo
15 de octubre de 2019 - 00:00 - Redacción Justicia

El inmueble donde funcionaba una clínica clandestina de recuperación de adictos tiene sellos de clausura y cintas amarillas con la palabra peligro en las puertas. En el lugar, el fin de semana, perdieron la vida 10 internos en un incendio presuntamente provocado.

Ángela Aroca habita a dos casas del inmueble, pintado de colores turquesa y amarillo, en la cooperativa Proletarios con Tierra, en el Guasmo, sur de Guayaquil.

Ella considera que lo mejor es que sea derrumbada la edificación. “Antes hubo incendios y muertes por supuestos suicidios, pero los dueños se iban un par de meses y regresaban a reabrir la clínica”.

Ángela conoció a Jorge Luis Sala, de 21 años, uno de los muchachos que pereció en el incendio. Él creció junto a esa clínica y hace 15 días fue ingresado por consumo de “h” (residuos de heroína con otros químicos)”.

Segundo Torres, tío del joven, contó que su sobrino trabajaba con el padre, vendiendo ropa o zapatos, en el centro de Guayaquil. Además sabía de peluquería, de pintura y le gustaba cantar. Semanas antes de fallecer grabó un video de rap que fue visto varias veces durante su velorio.

Segundo indicó que Jorge Luis no llegaba a casa los fines de semana y cuando regresaba parecía un indigente. Su padre, quien lo crió solo, no encontraba una mejor alternativa que mantenerlo encerrado en casa para alejarlo del consumo. Su hijo se recuperaba por un par de meses, pero recaía.

Ante esto pensó que requería ayuda especializada y lo ingresó en la clínica a una casa de distancia.

La Fiscalía procesó a Cristóbal Colón D. B. y Nelson Francisco P. M., presuntos encargados del sitio, por el delito de homicidio culposo, sancionado con pena de tres a cinco años.

Ana Martínez, otra habitante del sector, recordó que al salir de su vivienda observó al “muchacho que tenía las llaves y dijo que no estaba autorizado para abrir la puerta. Los dueños fueron los primeros en coger sus cosas y huir”. (I)

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