El funcionamiento de los dispositivos de vigilancia electrónica (“grilletes”) es cuestionado desde antes de que Fernando Alvarado, secretario de Comunicación del gobierno anterior, se lo quitara y se fugara del país.

Adriano Wang y Sergio Li Sen, representantes de la empresa estatal china CEIEC, proveedora de los aparatos y del sistema, garantizan que no hay problemas con el producto, defienden la calidad y los servicios.

¿En qué consiste el contrato suscrito con el Estado?

El contrato va más allá de la dotación de aparatos, es un proyecto integral. Entregamos al Ministerio de Justicia 4.000 equipos de tres modalidades: 3.000 para libre circulación, 600 para arrestos domiciliarios y 400 para proteger a víctimas de sus agresores. Además, ofrecimos desarrollo personalizado del sistema, todos los hardware (equipos) y software (conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas) para la implementación de los data center y lugares de monitoreo en Quito, Samborondón y Cuenca.

Durante el proceso hubo un cambio en los costos ¿qué pasó?

La oferta inicial se presentó por $ 15’604.000 y el contrato fue firmado por $ 13’712.456. No alteramos ningún precio unitario de los equipos. Bajamos alrededor de $ 2 millones porque el Ministerio primero pidió 6.000 equipos y luego bajó a 4.000.

¿Hubo sobreprecio?

Los rumores de sobreprecio existen porque personas buscan en páginas de compras de internet dispositivos muy baratos. Estamos en un proceso de auditoría por la Contraloría General del Estado. En los borradores de los informes emitidos no consta sobreprecio, este tema no ha sido cuestionado, sino aspectos técnicos que vamos respondiendo.

En el concurso hubo ofertas económicas y técnicas de seis empresas. La nuestra fue la segunda más económica, algunas propuestas llegaban a $ 38 millones. En la parte técnica, la nuestra tenía más ventajas como ya expliqué.

¿Cuál es el estado del contrato?

El plazo se venció hace ocho meses y el Ministerio (de Justicia) debió firmar el acta de que recibieron todo. Sin embargo, este último trámite no se ha cumplido.

¿Hay valores pendientes?

Está cancelado el anticipo desde el 2 de noviembre de 2016, alrededor de $ 9,5 millones, aunque los dispositivos y el sistema fueron entregados. El Ministerio en algunas reuniones manifestó que el saldo se cancelará después del informe que emita la Contraloría General del Estado. No estoy de acuerdo, pero respeto la decisión.

¿Si el Estado contrata una nueva empresa para adquirir otros dispositivos deja de funcionar lo implementado?

No, porque también entregamos la transferencia tecnológica, incluido el código fuente. Esto quiere decir que los programas son del Estado ecuatoriano y que los pueden usar por 5, 10, 20 años. Los equipos de otras empresas puedan adherirse con ciertas especificaciones. Ganamos el contrato porque cuatro de las seis empresas no ofrecieron la opción de vender su código fuente, sino que cobraban una licencia anual. De ahí, otra empresa lo ofreció, pero por un costo de $ 5 millones adicionales.

¿En lo tecnológico, los dispositivos son mal utilizados o  falta algo para que funcionen correctamente?

Como empresa proveedora de tecnología garantizamos el funcionamiento correcto en la parte tecnológica. No soy especialista en la parte de operación y por eso no opino en esta área que no es mi especialidad. La gente del Ministerio (de Justicia) tiene que hacer su procedimiento, seguir sus protocolos.

¿Cuándo emite las alertas?

Cuando tiene la batería baja, si está apagado, si es manipulado o quitado, o al momento de entrar y salir del área de cobertura, estas son las principales.

¿Una persona que porta el dispositivo se lo puede retirar con facilidad?

Se lo puede forzar, manipular, cortar o destruir, pero no importa la forma como se haga, este siempre emitirá las alertas.

El equipo no deja de funcionar porque la parte principal está aquí (en la caja negra). En el caso del señor Fernando Alvarado, continuó emitiendo señal y por eso la Policía lo encontró. Son de conocimiento público las señales que envió, es decir que opera correctamente.

El dispositivo también puede ser abierto sin dañarlo con llaves especiales. Sin embargo, solo al Ministerio de Justicia entregamos cuatro de estas.

¿Existen lugares en donde no funciona el dispositivo?

El equipo funciona con señal y batería, tiene un chip como un celular. Utilizamos las redes de las operadoras telefónicas para que emitan las alertas en tiempo real. La ventaja es que cuando el equipo entra en una zona sin cobertura memoriza las ubicaciones y alertas, y las emite al centro cuando tiene señal nuevamente. No es recomendable que las personas entren a zonas sin cobertura, pero eso es asunto de la parte operativa en la que la empresa (CEIEC) no interviene.

¿Es posible ver los miles de dispositivos desde tres centros?

El sistema permite visualizar y monitorear el estado de todos los equipos y genera fichas cuando hay alguna irregularidad. Estas pueden ser observadas por el personal del Ministerio de Justicia que ocupa un espacio en los centros del ECU911 y enviadas a las consolas de la Policía porque los sistemas están integrados. Los agentes pueden ir a verificar. Es un interfaz totalmente amigable.

¿El dispositivo es similar a los que se encuentran en internet?

Este equipo no se encuentra en el mercado común. El Ministerio de Justicia, cuando hizo la licitación, pidió especificaciones especiales. El dispositivo no tenía la opción de comunicación bilateral a través de llamadas de voz y lo solicitaron. Así que se hizo otro diseño especial, se agregó un módulo de comunicación entre el centro de monitoreo y los dispositivos.

¿Cuál es la vida útil del equipo?

Para todos los dispositivos electrónicos la vida útil normalmente es de cinco a seis años, pero la tecnología que ofrecemos tiene tres años de garantía que ninguna otra ofrece, la mayoría contempla un año.

¿En qué consiste esta garantía?

Ofrecimos el 15% de repuesto por siniestralidad, o sea 600 equipos y accesorios.

¿Se ejecutó la garantía?

Sí, hemos tenido pedidos del Ministerio de Justicia y más o menos repusimos 580 aparatos hasta la fecha, la mayoría por daños provocados por los usuarios. (I)