Pablo Fajardo, el abogado que asumió en 2005 la demanda en contra de Chevron por los daños ocasionados en la Amazonía ecuatoriana, asegura que las organizaciones sociales deben trabajar a nivel internacional para cobrar la millonaria sentencia pues la transnacional no posee bienes en el país.

Este es el siguiente paso luego de que este 11 de junio, la Corte Constitucional del Ecuador (CC) ratificó la sentencia para que Chevron pague $ 9.500 millones.

En entrevista con la agencia Andes, Fajardo explicó que los argumentos planteados por Chevron sobre fraude o intromisión política en la justicia se caen por su propio peso.

“La justicia dice que Chevron nunca presentó una prueba real del supuesto fraude. Todos fueron argumentos mediáticamente bien vendidos, pero no hay una sola prueba del supuesto fraude”.

El abogado reconoció que “el sistema judicial ecuatoriano es el único en el mundo que ha revisado el caso contra Chevron, los argumentos de los demandantes y de la petrolera. Y en todas las instancias nos han dado la razón a los demandantes”.

Sin embargo indicó que ya no hay más recursos legales dentro de Ecuador para continuar con el caso.

Sobre las posibilidades de que la empresa pague por sus daños en el país, Fajardo indicó que no existe una norma que permita juzgar a las empresas a nivel internacional. Por ello acudieron por ejemplo a la corte de Canadá, para que se valide la sentencia y poder cobrar.

No obstante, la Corte de Toronto falló en contra de los demandantes y los condenó a pagar las costas judiciales. Ahora buscan los recursos para apelar en la Corte Suprema canadiense.

Además tienen la intención de llevar el caso a otras cortes en Asia o África. “Lo que nos comprometemos es a no claudicar jamás para que Chevron pague al país”, finalizó Fajardo. (I)

Historia
Versión de Chevron
James Craig, asesor de comunicación de la empresa Chevron, calificó al fallo de la Corte Constitucional emitido el miércoles como “consistente con el patrón de denegación de justicia, fraude y corrupción contra Chevron en Ecuador”.

25 años ha tomado el tratamiento de este caso demandado por los afectados.

La petrolera estuvo 28 años
La compañía que operó en la Amazonía entre 1964 y 1992 es demandada  por daño ambiental en las zonas de extracción. (I)