Uno de los casos de lavado de activos más grandes en Ecuador y que se mantuvo en confidencialidad fue desclasificado para iniciar el debido proceso legal.  

Ese fue el anuncio de Iván Granda, secretario Anticorrupción de la Presidencia, y Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria.

El caso versa sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, que afectó a 113 mil ahorristas por acumular deudas de alrededor de $ 48 millones y afrontar un proceso de liquidación.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la cooperativa -que fue disuelta en junio de 2013- realizó operaciones irregulares que consistieron principalmente en una triangulación de dinero enviado de Venezuela a Ecuador y luego fue transferido a paraísos fiscales y a empresas ficticias.

Granda advirtió que la información del caso fue declarada bajo reserva por 15 años. No obstante, la Ley Orgánica del Código Monetario establece que después de una liquidación, la información se mantiene en reserva durante 180 días; por eso no se explica por qué ese sigilo dure tanto tiempo. “Veremos qué se pretendía ocultar”, añadió.

De esa forma, la superintendenta entregó formalmente a Granda la resolución para desclasificar la documentación y conocer especialmente los informes de auditorías.

Hernández dijo que en el proceso de liquidación de la cooperativa hubo 10 fases de pago. Hasta el momento se cubrió el 99,7% de los acreedores perjudicados. Esto representa a 126.342 personas.

Ahorristas y socios de la cooperativa organizaron movilizaciones para exigir la devolución de sus fondos.  Foto: Archivo / El Telégrafo

Autoridades exigen respuestas

La intención de revelar los documentos es para iniciar los procesos legales del caso. Granda reconoció que -hasta el momento- se sancionaron a las autoridades de la institución financiera, pero todavía no han respondido las autoridades de control.

Hernández recordó que las cooperativas estaban a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). En ese entonces lideraba la institución Doris Soliz, hoy asambleísta.

Granda añadió que también deberá responder Patricio Rivera, quien asumió entonces la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Recordó que Rivera emitió ocho resoluciones con las que impidió que se desclasificara la información sobre los últimos 15 años de los movimientos de Coopera.

Ante estas versiones, Soliz respondió que ella fue titular del MIES cuando el control de las cooperativas ya no era su competencia. “Cuando fui ministra del MIES no tuve competencia relativa a las cooperativas”, dijo y advirtió que el control de las entidades financieras se normó un año antes de llegar al cargo.

Los primeros sancionados

Hasta el momento, algunas exautoridades de la cooperativa ya fueron sancionadas por este caso. Entre ellas, los ejecutivos Rodrigo Aucay y Raúl Carpio, que cumplen seis años de prisión.

También fue vinculado Marcelo Enrique V. V., expresidente de la entidad, pero en julio de este año 2019 quedó libre bajo un recurso de habeas corpus preventivo.

Granda advirtió que esa figura legal no existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por lo que los abogados de los afectados en Cuenca presentaron una queja en el Consejo de la Judicatura.

Anunció que se pidió al Ministerio de Gobierno incluir en la lista de “los más buscados” a tres prófugos del caso. Ellos son Claudio de Jesús Alvarado, Marcelo Vega y Luis Carmona, exfuncionarios de la cooperativa. (I)