Mañana se retomará la audiencia de nulidad al auto de llamamiento a juicio interpuesto por 5 procesados, dentro del denominado caso Cofiec. 

La diligencia arrancó hoy y se suspendió en la tarde. Se desarrolló en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en presencia del Tribunal de lo Penal, conformado por los jueces nacionales Jorge Blum, Merck Benavides y Vicente Robalino.

En este caso, según la Fiscalía,  Antonio B., Zoila M., Pedro D., Gastón D. y Francisco E. son cinco de los nueve procesados llamados a juicio el 1 de octubre del 2014, por el juez Paul Íñiguez, por su presunta participación en peculado bancario, al entregar un préstamo de $ 800.000 a Gastón D., sin las respectivas garantías. El crédito fue entregado en diciembre del 2011.

En la audiencia participó el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, quien puntualizó algunas observaciones de los  abogados, quienes alegaron que no es posible iniciar un proceso penal por peculado sin un informe de la Contraloría General del Estado. Sin embargo,  Chiriboga aclaró que, en este caso, sí se podía debido a que el delito que se investiga es peculado bancario. Así lo determinó una resolución de la Corte Constitucional, según detalló la Fiscalía en un comunicado de prensa.

Los abogados, además, argumentaron que el auto de llamamiento a juicio del juez Íñiguez carece de motivación. Es decir, no explica el por qué llamó a juicio a los procesados. Ante esto, el Fiscal General enfatizó que la resolución del juez Íñiguez enuncia hechos y normas y los enlaza lógicamente en el contenido de la misma, citó el Ministerio Público.

También los abogados expusieron que se ha violado el principio de igualdad, puesto que algunos procesados tienen orden de prisión preventiva y otros tienen medidas sustitutivas. Chiriboga -citaron en el boletín de la Fiscalía- respondió que la Ley es facultativa y aclaró que este organismo solicita las medidas, pero es el juez quien las valora y las dispone.

Asimismo, la defensa de Francisco E. alegó que el mencionado ciudadano no participó en el cometimiento del delito, puesto que no fue funcionario público ni parte del directorio del banco Cofiec. A lo que el Fiscal General respondió que, según la Constitución, sí califica como sujeto activo debido a que el mencionado ciudadano recabó información sobre el procesamiento del crédito y días después en Miami, recibió de Pedro D. la constancia de las transferencias realizadas al exterior.

El proceso se sigue porque el empresario Gastón D. solicitó un crédito por $800 mil al Cofiec para presuntamente  adquirir una plataforma transaccional para celulares. Según versiones de exfuncionarios de la agencia, la solicitud se habría aprobado bajo algunas irregularidades por  la supuesta presión del expresidente ejecutivo del banco, Antonio B.

En en agosto de 2012, el caso se conoció luego de que María Fernanda Luzuriaga, expresidenta ejecutiva de Cofiec, inició un proceso legal para cobrar el préstamo que cayó en mora.

Gastón D., habría realizado 2 desembolsos para iniciar el pago del préstamo. El primero, por $ 90.000 y el segundo, por $ 380.908. Sin embargo, los trámites legales continúan.