Paúl Íñiguez, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), aceptó hoy el pedido de vinculación de Diego P., dentro del presunto delito de peculado, tras las posibles irregularidades detectadas en el préstamo de $800.000 al empresario argentino G. D. El crédito estuvo a cargo del Banco Cofiec. El vinculado fue asesor legal externo de Cofiec.

La solicitud fue presentada por Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación, quien señaló que Diego P., asesor externo de la entidad financiera, habría conocido que el préstamo se dio sin garantías y bajo irregularidades.

La Fiscalía estableció 19 elementos de convicción (pruebas físicas), entre estos certificados de Cofiec, actas del Comité de Crédito, correos electrónicos, entre otros.

Lorena Grillo, abogada de Diego P., rechazó el argumento de Chiriboga. Indicó que su defendido solo buscó que se instrumente un crédito para cubrir una operación que estaba sin garantías.

"El error fue de los funcionarios del banco (Cofiec), mi defendido no era funcionario, por tanto no tenía responsabilidad sobre la forma en la que se entregó el crédito", dijo Grillo.

El juez aceptó la vinculación de Diego P. en el proceso, por este motivo se prolongará la instrucción fiscal por 30 días más. Diego P., de 66 años, tiene prohibición de salida del país y debe presentarse ante el juez Íñiguez cada 30 días.

La Fiscalía General del Estado convocó a 17 presuntos implicados en el préstamo que se efectuó en 2011. Entre ellos se encuentran P.D., expresidente del Directorio del Banco Central del Ecuador y exdirector del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos y con orden de detención.

También se encuentra G.D., quien tiene medidas sustitutivas en Argentina. Debe presentarse periódicamente ante un juez en ese país.

El resto de presuntos involucrados son exfuncionarios de Cofiec, que habrían trabajado en los departamentos de Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN  No Más Impunidad, (Ugedep) y en los Seguros Rocafuerte, entre otros organismos.

En aquella época, el empresario G.D. solicitó un crédito por esa cifra para adquirir una plataforma transaccional para celulares. Según versiones de exfuncionarios de la agencia, la solicitud se habría aprobado bajo algunas irregularidades por la supuesta presión del expresidente ejecutivo del banco, A.B., quien también tiene orden de detención y se encuentra en calidad de prófugo.

En agosto de 2012, el caso se conoció luego de que María Fernanda Luzuriaga, expresidenta ejecutiva de Cofiec, inició un proceso legal para cobrar el préstamo que cayó en mora. Desde ese momento, G.D. ha prolongado el pago de la deuda total.