Caso Clínica Pisulí: Fiscalía acusó a 5 personas por presunto delito de trata de personas
Esta tarde, el juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha, Jaime Bayas, reinstaló la audiencia de dictamen por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. El proceso se sigue en contra de los expropietarios de la presunta clínica clandestina Unión y Esperanza, ubicada en la cooperativa Tiwintza, en el barrio Pisulí (norte de Quito).
En la diligencia se encuentran señalados como presuntos autores y testigos ocho personas, entre ellos propietarios y empleados de la institución.
La fiscal Tania Moreno, acusó a cinco de los ocho presuntos autores. Ellos son: Carlos L. y Blanca F., propietarios del presunto centro de tratamiento clandestino, así como Mauro C. Jonathan I. y Roberto E. como ayudantes de dicha institución, por el supuesto delito por trata de personas con fines de explotación laboral, como consta en el artículo 190 del Código Penal vigente.
Por otro lado, Moreno se abstuvo de acusar a Fernanda G., Héctor M., y Diego B., por no haber encontrado presuntos indicios de responsabilidad dentro de la investigación.
El local fue clausurado por autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) en noviembre del 2013 y los primeros indicios fiscales, en ese momento, determinaron que presuntamente David Romo, quien desapareció el 16 de mayo de 2013 en Quito, estuvo en el lugar.
Según los informes periciales, en el lugar había una fosa con agua, en donde se presume que los internos sufrieron maltratos.
La fiscal Moreno enfatizó que el tratamiento costaba 400 dólares mensuales, que podían ser cancelados en dinero y/o en víveres.
La diligencia continúa. Lea más detalles mañana en la edición impresa de El Telégrafo.
