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Caso 30-S: Fidel Araujo recibió una condena de tres años de reclusión

Caso 30-S: Fidel Araujo recibió una condena de tres años de reclusión
27 de febrero de 2014 - 14:18

Fidel Araujo, mayor del Ejército en Servicio Pasivo y exmilitante de Partido Sociedad Patriótica (PSP), recibió una condena de tres años de prisión, según la sentencia emitida por el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha.

Araujo fue procesado como presunto autor del delito de incitación a la rebelión e indisciplina de la fuerza pública, durante los disturbios del 30 de septiembre del 2010.

El artículo 146 del Código Penal establece prisión de dos a cinco años en caso de incitación a la rebelión o indisciplina de la Fuerza Pública. Y en caso de causar lesiones a personas, la pena será de reclusión menor de tres a seis años.

Ante esta notificación, Reinaldo Zambrano, abogado de Araujo, anunció que mañana solicitará un recurso de ampliación y revisión de la sentencia. Mientras que la próxima semana apelará ante la Corte Provincial de Pichincha.

A decir de Zambrano, según el fallo, el mayor es el responsable de los hechos que ocurrieron el 30 de septiembre. Sin embargo la resolución no tiene fundamento ni motivación. "No hay ni una sola prueba testimonial que demuestre alguna comunicación con la fuerza pública, ni se ha comprobado si Araujo se reunió con alguien de la fuerza pública", dijo.

Hasta que el mayor Araujo no tenga sentencia ejecutoriada, se encuentra con medidas sustitutivas. Cada lunes se presenta ante el Tribunal y tiene prohibición de salida del país.
 
Antecedentes del caso

En marzo del 2011, Araujo fue declarado inocente por el Tribunal Cuarto de lo Penal, pero la Fiscalía apeló el dictamen y presentó un recurso de nulidad por violación de las normas de procedimiento por parte de los jueces, puesto que la diligencia no fue reservada a pesar de que se trataba de un delito contra la seguridad del Estado.

La Segunda Sala Penal de la Corte de Justicia de Pichincha declaró la nulidad y se volvió a sortear la causa.
En el juicio, que recayó en el Tribunal Quinto Penal, se convocó a alrededor de 40 testigos, entre ellos, el ministro del Interior, José Serrano.

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