La mañana de este martes se instaló la audiencia de juicio para 13 policías por el presunto delito de incitación a la rebelión.

Tras tomar lista de los procesados, representantes legales y testigos, Luis Fuertes, presidente del Tribunal Séptimo de Garantías Penales, ordenó a los asistentes salir de la sala, ya que el proceso será reservado por tratarse de un hecho que puso en peligro la seguridad interna del Estado.

Según los informes de Fiscalía, durante los disturbios registrados el 30 de septiembre de 2010 (30-S), los uniformados habrían utilizado de manera inadecuada los equipos de la Central Metropolitana de Atención Ciudadana (CMAC), incumpliendo los deberes y obligaciones establecidas en la Constitución.

La Fiscalía concluyó que los policías que laboraban en la CMAC de Quito enviaron mensajes instigadores a los comandos provinciales de Guayas, Esmeraldas, Azuay y Bolívar.

La audiencia estaba prevista a realizarse Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. No obstante, se efectuó en el segundo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), para acoger a alrededor de 200 testigos, entre los que están miembros de la Policía Nacional, agentes del Cuerpo de Bomberos y personal de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Se estima que la diligencia dure al menos 3 semanas.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Gustavo Benítez, quien presentará como pruebas las grabaciones en las que los uniformados llamaban a sus compañeros a matar al Presidente de la República, informes de peritajes megafónicos, así como cotejamiento de las voces con los presuntos involucrados.

Los presuntos implicados son Gladys Ch. C., Elsa A. Ch., Mónica M. B., Juan C. A., Marco S. V., Edison P., Milton H., Kléver M., Jessica V., Jaime G., Patricia S. M., Ángel R., José R., quienes en esa época, cumplieron funciones que van desde secretaria, telefonista, operadores de la cabina, hasta jefes administrativos de la unidad de radio patrulla, entre otros cargos.

Los procesados, al momento, se encuentran con medidas alternativas: prohibición de salida del país y de enajenar bienes, así como la obligación de presentarse ante un juez periódicamente.

Ellos podrían enfrentar una pena de entre 3 y 9 años de reclusión por el delito tipificado en el artículo 146 del Código Penal anterior, que se refiere a la incitación a la rebelión o indisciplina de la Fuerza Pública.